El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Estado, Antony Blinken, anunciaron este jueves un plan para hacer frente a la prevista avalancha de inmigrantes en la frontera tras el final el 11 de mayo de las restricciones por el COVID-19 conocidas como Título 42, y cuando ya falta espacio en los centros de detención y fondos federales para hacer frente a la crisis.
Entre sus medidas está la apertura de centros de procesamiento de solicitantes de asilo en países latinoamericanos para iniciar los trámites (o denegarlos) mucho antes de que los migrantes puedan llegar a la frontera de Estados Unidos con México.
Los centros se abrirían en lugares de tránsito en la ruta a Estados Unidos, según Blinken. Oficiales consulares determinarían en esos centros si los inmigrantes cumplen los requisitos de asilo, con la esperanza de disuadirles de seguir su camino si no es así y facilitarles la ruta en caso contrario.
Los primeros centros se abrirán en Guatemala y Colombia en las próximas semanas, precisaron.
Además, otros países como Canadá y España aceptarán a migrantes enviados desde esos centros de procesamiento regionales; se reforzará la app para celulares CBP One con la que se tramitan los casos de asilo; y se crearán centros de reunificación de familias para migrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, como existen ahora para personas de Cuba y Haití.
“Este enfoque se basa en hacer la migración más humana y organizada”, dijo Blinken en rueda de prensa, “enfrentamos un problema sin precedentes”, y señaló que el Gobierno busca “enfocar las causas de la migración”.
Mayorkas advirtió que los migrantes y los traficantes de personas no deben interpretar que el próximo plazo significa que la frontera está abierta: “Esta frontera no está abierta y no va a estar abierta el 11 de mayo”, enfatizó.
Más de 2.5 millones de migrantes han sido retornados en la frontera sin derecho a solicitar asilo en virtud al Título 42, aprobado en marzo de 2020 por el expresidente Donald Trump escudándose en la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
El domingo pasado salió desde Chiapas, México, una caravana con cerca de 3,500 migrantes (según el Gobierno mexicano), que espera llegar a Ciudad de México para exigir justicia por la pérdida de vidas de migrantes, como los 40 fallecidos en un centro en Ciudad Juárez, y el hondureño muerto en la propia caravana. Mevil Saúl Chacón Mendoz, recorrió unas 26 millas desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, hasta el municipio de Huixtla, donde falleció.
El comisionado en funciones de la Patrulla Fronteriza, Troy Miller, explicó en el Congreso hace unas semanas, citando cifras de Naciones Unidas, que hay unos 660,000 migrantes en México que podrían llegar a la frontera, y que el número de cruces podría doblarse, alcanzando los 10,000 al día, tras el final del Título 42.
El domingo había unas 18,000 personas en centros temporales de procesamiento de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) en la frontera sur, según informaron bajo anonimato dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que está punto de agotar su límite presupuestario anual, según reportó la cadena de noticias NBC News.
Mayorkas, en una audiencia el martes ante el Senado, insistió en que la seguridad fronteriza es su prioridad y explicó que está buscando soluciones para mitigar ese aumento, incluyendo una solicitud de $4,700 millones en fondos de emergencia al Congreso.
El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), Tae Johnson, indicó por su parte en una audiencia ese mismo día en la Cámara de Representantes que no tiene suficientes plazas para todos los inmigrantes interceptados.
El Gobierno de Joe Biden ha reducido la capacidad de los centros de ICE en una cuarta parte, explicó, con un máximo de 34,000 plazas. Así, un incremento en las llegadas podría colapsar el sistema si no se amplían los recursos, advirtió, llevando a que miles de migrantes sean liberados en territorio estadounidense.