A la mitad del plazo de 90 días para que concesionarios del transporte público renueven el 100 por ciento de su flota en la ciudad, apenas se tiene una expectativa de compra de 182 unidades nuevas, es decir, la tercera parte de los 512 camiones que circulan actualmente.
Incluso, solamente las líneas Universitaria, 1A Express, 3B y 5A han mostrado su intención de adquirir unidades nuevas para reemplazar a sus autobuses operativos. Aparte, desde el 11 de abril pasado se ha logrado notificar el 63 por ciento de los concesionarios.
Desde esa fecha, el Gobierno estatal comenzó a notificar a los concesionarios del trasporte público del plazo de 90 días con el que cuentan para renovar la totalidad de las unidades que circulan en las rutas alimentadoras de Juárez y Chihuahua.
Con el alza a la tarifa del transporte urbano, los concesionarios están obligados a renovar los camiones que se encuentran fuera del año y modelo establecido en la Ley de Transporte dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación oficial.
La semana pasada, el secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña Grajeda, aseguró que la estrategia de renovación de unidades de transporte público “va en el camino correcto”.
De no cumplir con este compromiso los concesionarios podrán perder su concesión, afirmó el funcionario, quien adelantó que ya existe un primer corte de cancelaciones.
“Si ya tomamos la decisión difícil de incrementar la tarifa, no nos va a temblar la mano para poner orden en el transporte y hacer que los concesionarios cumplan con las disposiciones de la ley”, afirmó.
En este sentido, dijo que los concesionarios que no presenten avance en cuanto a la compra de unidades en los 90 días otorgados serán objeto del retiro de sus concesiones, y se habrán de otorgar a aquellos que sí estén interesados y comprometidos en mejorar las condiciones del servicio.
Los concesionarios del transporte público interesados en adquirir un financiamiento por parte del Gobierno del Estado para el pago inicial de unidades nuevas deberán estar al corriente en sus pagos, así como en sus obligaciones patronales, además de dotar a las unidades del sistema GPS, como lo exige la Ley de Transporte.
En la ciudad hay 512 unidades de transporte público, de las cuales al menos el 90 por ciento carece de matrículas.