La violencia vivida en Ciudad Juárez en el llamado “jueves negro” fue calificada como terrorismo y un hombre fue vinculado a proceso por este delito, mientras que otro será acusado formalmente en los próximos días y otros dos son buscados para ser llevados ante la justicia.
Todos ellos son integrantes de la organización criminal Mexicles, quienes presuntamente atendieron el llamado de su líder, Ernesto Piñón de la Cruz, después de un frustrado intento de fuga y la presencia policial dentro del penal, según el archivo periodístico. Estos datos surgieron durante las audiencias realizadas a reos evadidos en la fuga masiva del 1 de enero del año en curso.
Ésta es la primera vez que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa formalmente al integrante de un grupo delictivo, Los Mexicles, por actos de “narcoterrorismo” en la ciudad, y aunque se intentó formular imputación por este delito en el 2010 por el caso del “cochebomba”, las personas acusadas obtuvieron su libertad por las fallas al debido proceso y actos de tortura cometidos entonces por la Policía a cargo de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos.
En la audiencia inicial celebrada el pasado martes, el Ministerio Público Federal (MPF) acusó a Juan Carlos V., alias “Seky”, por el delito de terrorismo y en la misma audiencia fue vinculado a proceso.
Este delito está previsto y sancionado en el artículo 139 del Código Penal Federal, que contempla una pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a mil 200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.
Según la fracción primera, esta sanción se aplica a quien “utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.
La jornada violenta del 11 de agosto del 2022, el llamado “jueves negro” dejó un saldo de 11 personas fallecidas en la ciudad.
En la formulación de imputación contra Juan Carlos V., el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la FGR narró que con base en las notas periodísticas se desprende que el 11 de agosto ocurrió un motín en el Cereso 3, que dejó como consecuencia tres muertos y 11 heridos.
Las versiones oficiales en su momento manejaron que el enfrentamiento ocurrió entre “Chapos y Mexicles”, estos últimos a cargo de Piñón de la Cruz, alias “El Neto”.
Cuando las fuerzas del orden llegaron al penal, ubicado en la calle Barranco Azul, delincuentes iniciaron diversos incendios y ataques armados a establecimientos comerciales con la denominación Super Rapiditos Bip-bip, Oxxo, Circle K, Del Río, Little Caesar’s Pizza, gasolineras, así como camiones y vehículos incendiados en los sectores Centro, poniente y oriente de la ciudad.
Estos ataques, dijo la representación social ante el juez federal de Control, dejaron un saldo de 11 personas civiles fallecidas, entre ellas cuatro empleados de radio pertenecientes a la empresa Mega Radio.
El MP destacó que los instrumentos empleados para la realización de los ataques fueron armas de fuego y bombas molotov, entre otros medios violentos, lo que causó afectaciones en contra de bienes del sector público y privado, y se produjo temor y terror en la población de esta ciudad fronteriza.
Por estos eventos existen dos órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar, dijo en audiencia el agente del MP.
La representación social acusaría formalmente a otro hombre detenido en el Cereso 1, de Aquiles Serdán; sin embargo, por fallas en la conexión de la red fue imposible celebrar esta audiencia, por lo que el MPF ha solicitado una nueva fecha para la audiencia inicial, dio a conocer personal de la FGR.
El juez dictó prisión preventiva como medida cautelar y dio un plazo de dos meses para el cierre de la carpeta de investigación número FED/CHIH/JUA/0001188/2022.
Y aunque la corrupción que prevaleció en el Cereso 3 propició los hechos violentos de ese día, los entonces directivos no han sido acusados hasta este momento.
Luego de la reyerta, el entonces director Francisco Javier Delgado Soto sólo presentó su renuncia al cargo, sin rendir cuentas.
Lo mismo ocurrió con Enrique García Villanueva, quien también presentó su renuncia desde el día 19, tras fungir como encargado de la coordinación operativa del penal.
Sólo cuatro policías procesales fueron vinculados a proceso luego de ser acusados por la Fiscalía General del Estado por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, según la causa penal 2761/2022.
Los acusados son el suboficial de la Policía de Seguridad y Custodia, Diego A. M.; los policías de Seguridad y Custodia Pedro H.S y Jorge Emmanuel O. O., y el celador “C”, Armando T. D.
En la refriega murieron los internos Kevin Alan Campos Aguilera y Raúl Abraham Sepúlveda Olivas; además, resultaron lesionadas otras cuatro personas de nombres Noé H. C., Noé Ramón F., Salvador C. S. y Francisco Adrián R. A.
La representación social estableció que los cuatro custodios omitieron los protocolos de seguridad, lo que propició el enfrentamiento dentro del Cereso, del cual derivó una serie de hechos violentos en las calles de Juárez.
Al concluir la audiencia inicial, Juan Carlos V. fue admitido en el Cereso 3, donde permanece en el área de prisión preventiva.