En un día festivo en el que Estados Unidos homenajea a todos los caídos de sus fuerzas armadas, congresistas y senadores estudian el proyecto de ley para elevar el techo de deuda acordado entre la Casa Blanca y los republicanos, una norma que no convence a todos y que será votada el próximo miércoles.
El presidente Joe Biden participó en un acto en el cementerio de Arlington, en la capital estadounidense, en el que visitó, junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, la Tumba al Soldado Desconocido.
Aunque ofreció un discurso en el que llamó a la unidad, no tuvo ninguna referencia al asunto que ha tensado al máximo la política en las últimas semanas, la subida del techo de deuda para evitar la suspensión de pagos.
Tras anunciar ayer que había llegado a un acuerdo definitivo con el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el proyecto de ley fue enviado a congresistas y senadores, y explicado por la Casa Blanca y por el propio McCarthy a los miembros de su partido.
Como advirtió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la semana pasada, será el 5 de junio cuando Estados Unidos se quede sin dinero para cumplir con sus pagos.
El tiempo es muy ajustado ya que la ley tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes, el Senado y firmada por el propio Biden antes de entonces. Por ello, el Ejecutivo y los republicanos se han puesto en marcha para conseguir que salga adelante a tiempo.
Según fuentes de la Casa Blanca citadas por la prensa local, el lunes y el martes el Ejecutivo de Biden realizará llamadas con los demócratas de la Cámara de Representantes y habrá tres reuniones cada día centradas en la política energética o los cambios en los programas de asistencia para familias necesitadas, algunos de los puntos que se han modificado para satisfacer las demandas de recortes de los republicanos.
Las sesiones informativas estarán dirigidas por varios funcionarios de la Casa Blanca, que tendrán la misión de conseguir que los legisladores del partido admitan los recortes, que según Biden han sido necesarios pero protegen las “prioridades clave” de su Gobierno.
El portal Axios publica la guía que circula entre los demócratas sobre el proyecto de ley, texto en el que se afirma que no se han aceptado las “demandas extremas” de los republicanos y en el que se llama a votar sí.
“Los demócratas de la Cámara de Representantes trabajan de manera responsable para evitar un incumplimiento devastador de nuestra deuda (…) Los republicanos extremos de MAGA (afines al expresidente Donald Trump) están amenazando imprudentemente con una recesión que acabará con el empleo”, afirma el texto.
El proceso para aprobar la ley arrancará mañana, cuando se reunirá el Comité de Reglas de las Cámara de Representantes, encargado de considerar los proyectos de ley, programar las votaciones y determinar el debate.
Este será un momento clave, ya que en el comité, con nueve republicanos y cuatro demócratas, están tres de los conservadores más acérrimos, Tom Massie (Ky), Ralph Norman (S.C.) y Chip Roy (Texas), quienes han criticado el proyecto de ley.
Este último ha afirmado que intentará detenerlo: “Antes de este acuerdo, el país se dirigía a toda velocidad hacia la bancarrota… después de este acuerdo, el país seguirá a toda velocidad hacia la bancarrota“, apuntó.
Sin embargo, McCarthy continúa afirmando que contará con el apoyo de la mayoría republicana en la Cámara baja. En una entrevista con Fox News el domingo aseguró que más del 95 por ciento de los republicanos de la Cámara están entusiasmados con el acuerdo.
En total se necesitan 218 votos para la aprobación en la Cámara de Representantes, que cuenta con 435 congresistas, 222 republicanos y 212 demócratas.
Si la ley se aprueba el miércoles en la Cámara Baja podría votarse en el Senado a partir del jueves. En la Cámara Alta demócratas cuentan con 51 escaños frente a los 49 de los conservadores y se requieren 60 síes para la aprobación.
Según fuentes de la Casa Blanca y una hoja informativa distribuida por los republicanos, el acuerdo suspenderá el límite de la deuda hasta el 1 de enero de 2025, tras las elecciones presidenciales de 2024.
El proyecto de ley mantiene el gasto no relacionado con la defensa en 2024 y lo aumenta solo el 1 por ciento en 2025, después de que se hicieran ajustes.
Los recortes no afectarán a programas de sanidad ni a la seguridad social, pero sí a algunos programas sociales como el de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.