Estados Unidos y Guatemala pondrán en marcha a partir del próximo 12 de junio la fase piloto del programa de migración regular que busca facilitar el acceso “con vías legales” al país norteamericano.
La Casa Blanca informó este jueves a través de un comunicado que en doce días se pondrá en práctica el “programa integral para gestionar la migración irregular”, que incluye como primer paso la implementación de una fase piloto de seis meses.
A partir del día 12, las bautizadas como “Oficinas de Movilidad Segura” comenzarán a aceptar citas en el sitio web movilidadsegura.org.
Como seguimiento a la llamada del 26 de mayo de 2023 entre el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, un grupo de funcionarios estadounidenses de alto nivel viajó ayer a Guatemala para cerrar este acuerdo.
En la reunión participaron, por parte de Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional de la vicepresidenta, Phil Gordon, y la directora del departamento para asuntos transfronterizos del Consejo de Seguridad Nacional, Katie Tobin.
Se reunieron con el presidente Giammattei y los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional, el Procurador General, el Director General de Migración y el Embajador de Guatemala en los Estados Unidos.
“Como resultado de esta reunión, los dos gobiernos se comprometen conjuntamente a tomar una serie de pasos críticos para reducir humanamente la migración irregular y expandir las vías legales bajo la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección”, afirma el comunicado.
El pasado mes de abril el Gobierno estadounidense anunció que creará centros para gestionar solicitudes de migrantes en Colombia y Guatemala, donde las personas podrán acceder a algunas vías legales de migración como obtener el estatus de refugiado, programas para reunificación familiar y permisos laborales.
La medida forma parte de las acciones adoptadas por el Ejecutivo de EE.UU. para intentar reducir el flujo migratorio hacia la frontera con México ante la suspensión, que se produjo el pasado 11 de mayo, del Título 42, una polémica medida migratoria que permitía las expulsiones en caliente.
En esos centros los migrantes evaluados podrán acogerse a programas de refugiados y permisos humanitarios para familias o laborales en Estados Unidos.