El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno descartó que tras el enfrentamiento entre civiles armados que se registró en la comunidad de Santa Anita, municipio de Guachochi se hayan dado casos de desplazamiento forzado.
Esto después de que trascendió que alrededor de 150 personas abandonaron su lugar de residencia tras los hechos violentos que dejaron como saldo una persona decapitada, un vehículo calcinado y daños a la iglesia de la comunidad.
César Jáuregui dijo que hubo acercamiento con autoridades eclesiásticas de la comunidad y aclaró que lejos de un problema de desplazamiento forzado, se trató de un cierre de establecimientos que luego de restablecerse el orden, volvieron a sus actividades normales.