El Congreso peruano aprobó el miércoles inhabilitar de toda función pública por cinco años a una fiscal suprema, acusada de cometer infracción constitucional por frenar el año pasado una investigación contra el entonces presidente Pedro Castillo.
La fiscal suprema Zoraida Ávalos trabajaba como fiscal general cuando en enero de 2022 suspendió una “investigación preliminar” a Castillo, días después que haber anunciado las pesquisas por presuntos vínculos del ex mandatario izquierdista con la adjudicación irregular de contratos públicos.
Castillo fue destituido en diciembre luego de intentar de forma ilegal disolver el Congreso y gobernar por decreto, en medio de una intensa lucha política entre ambos poderes, lo que generó violentas protestas que dejaron decenas de muertos.
El Congreso, dominado por partidos de derecha, inhabilitó a Ávalos con 71 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones.
Ávalos, en un discurso en el Congreso previo a la votación, rechazó la acusación y alegó que frenó la pesquisa al amparo de un artículo de la constitución, que dice que los presidentes de Perú en ejercicio no pueden ser acusados por la justicia durante su mandato de cinco años, debido a su inmunidad por el cargo.
La decisión del Congreso se produjo horas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en un comunicado su preocupación por las acusaciones contra miembros del sistema judicial peruano, entre ellos Zoraida Ávalos.
“Preocupa a la CIDH la ambigüedad de dicha figura (de infracción constitucional) puesto que ni la ley ni la Constitución precisan las conductas punibles y sus correspondientes consecuencias”, dijo el organismo.