Pese a que Chihuahua es la segunda entidad del país con más denuncias por casos de tortura, de acuerdo con el Registro Nacional de Tortura, no existe una fiscalía especializada en la materia, como señala la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, lo que ha provocado altos niveles de impunidad, sin las condiciones mínimas para la adecuada investigación del delito de lesa humanidad, denunciaron ayer integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN).
En marco del Día Internacional de Apoyo a Sobrevivientes de Tortura, el cual se conmemorará el próximo lunes 26 de junio, la organización local señaló que la tortura se comete de manera generalizada en el estado de Chihuahua, principalmente por policías municipales de Ciudad Juárez; sin embargo, al saber que las autoridades están involucradas con los grupos delictivos, las víctimas tienen miedo a denunciar.
Se dijo que de acuerdo con el Registro Nacional de Tortura, con mil 392 carpetas abiertas, Chihuahua es el segundo estado del país con mayor cantidad de denuncias, el 10.7 por ciento a nivel nacional, superado sólo por el 16.4 por ciento de la Ciudad de México, y seguido por el 8.1 por ciento del Estado de México.
De enero 2010 a mayo de 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 2 mil 665 denuncias por el delito de tortura; 91 por ciento de los denunciantes son hombres, cuyas principales edades oscilan entre los 18 y los 29 años, informaron Alejandro Durán y Carla Palacios, integrantes del CDHPN.
Según cifras oficiales, desde enero de 2016 hasta mayo del año 2022 el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua realizó 197 dictámenes médicos-psicológicos basados en el Protocolo de Estambul, de los cuales 65, es decir, el 83 por ciento, salieron en sentido positivo. Igualmente, el tribunal informó que desde el 2012 hasta la actualidad se han emitido cuatro sentencias condenatorias por el delito de tortura.
“Uno de los principales retos que se presentan para prevenir la tortura son los discursos de desconocimiento de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, lo cual ha ocasionado que las entidades carezcan de políticas públicas encaminadas a atender los cientos de denuncias por tortura en el estado. Si bien el CDHPN ha planteado la necesidad de implementar cursos de capacitación y discursos de cero tolerancia para el uso de la tortura, hasta la actualidad no hay esfuerzos gubernamentales para prevenirla”, denunció Durán.
Señalaron además la carencia de una fiscalía especializada en la materia, como lo mandata la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, lo que ha provocado altos niveles de impunidad, ya que no existen las condiciones mínimas para la adecuada investigación de casos de tortura.
“Aunque existe la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, la cual cuenta con una unidad encargada en investigación de tortura, la realidad es que dicha institución opera bajo criterios de priorización, es decir, limita la atención de los casos. Ante ello, en marzo del presente año el CDHPN impulsó una reforma legislativa en la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado para la eliminación de dichos criterios, misma que se encuentra en proceso de revisión en la Comisión de Justicia del Congreso”, informaron.
Las víctimas de tortura sufren afectaciones emocionales, físicas y sociales, por lo que es constante que presenten enfermedades crónico-degenerativas, trastorno de estrés postraumático, depresión y un quiebre en las relaciones interpersonales. Por ello, tienen derecho a obtener una reparación del daño, dijeron.
A pesar de que las víctimas acompañadas por el CDHPN han recibido recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 2015 a 2018, que hacen mención a la reparación del daño y ya fueron aceptadas en su totalidad por la Fiscalía General del Estado, hasta la actualidad no se ha obtenido ninguna de las medidas solicitadas, tales como atención médica, indemnizaciones, disculpas públicas y medidas de rehabilitación. Tampoco ha existido una explicación del retardo para proporcionar la reparación del daño a las víctimas, denunciaron.
Mientras que de 2008 a 2010, cuando se llevó a cabo la Operación Conjunta Chihuahua, los actores más señalados por los sobrevivientes fueron los militares y federales; entre 2012 y 2014 los agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, principalmente de las unidades antiextorsión y secuestros fueron los más acusados. Actualmente, son los municipales los más señalados, tanto por los juarenses como por los migrantes, indicaron representantes del CDHPN y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
Los activistas del CDHPN informaron que continuarán trabajando con las víctimas y las familias, exigiendo a las autoridades que se prevenga, investigue y sancione este delito de lesa humanidad.