México se colocó en el puesto 68 dentro del Energy Transition Index (ETI) del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) con un cumplimiento de 54.1% de las metas establecidas por el organismo, con lo que el país cayó desde el puesto 46 del 2021 en este indicador global de participación de las naciones en el combate al cambio climático y logros en la descarbonización y cuidado del planeta mediante acciones en el sector energético.
“Qatar y México son países que cayeron de categoría y si bien lograron avances constantes hasta 2023, su progreso cayó por debajo del promedio de los demás países al llegar a este año. Esto demuestra la dificultad de estos países de mantener el progreso y la complejidad inherente de la transición energética”, explicó el reporte respecto al cambio de posición del país.
El grado de cumplimiento de los 120 países incluidos en el listado fue de 56.3 por ciento.
Los países que encabezan la evaluación este año son Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suiza. Entre las naciones del continente americano listadas, la de mejor puntuación es Estados Unidos, que se ubicó en el lugar 12. La mejor puntuación, de Suecia, fue de 78.5 unidades que se interpretan como porcentaje de cumplimiento de indicadores establecidos por el WEF, mismos que se actualizan año con año tomando líneas base de años anteriores conforme cuentan con información, en que se repite la métrica de cumplimiento.
En 2023, el indicador más bajo lo tuvo Yemen, con 40% de cumplimiento de las metas.
De Latinoamérica, el país mejor rankeado es Brasil, en el lugar 14, mientras que Costa Rica está en el puesto 25, Chile en el sitio 30 y Paraguay en el lugar 34.
Sigue Colombia en el lugar 39, Salvador en el 47 y Panamá en el lugar 51. En el lugar 53 se ubica Perú, también con una mejor evaluación que México en términos regionales.
Bolivia está en el lugar 74, Ecuador en el 78, Argentina en el puesto 85, República Domincana en el 93, Venezuela en el lugar 103 y Jamaica en el 115, como países latinoamericanos incluidos en este indicador.
En el indicador del 2020, México se ubicó en el puesto 50 con una puntuación de 56.5% de alcance de los indicadores en las metas que midió el organismo. Ese año, Brasil se ubicó en el puesto 47, por lo que gracias a acciones como el incremento en su base de renovables en la generación, se ha mostrado este enorme avance de la nación sudamericana que en tres años ha llegado al sitio 14 del ranking.
El ETI proporciona un marco basado en datos para medir y comprender el rendimiento de los sistemas energéticos y la preparación para la transición energética en todos los países que se centran en la transición. Dado el panorama emergente y sus implicaciones potenciales para la toma de decisiones sobre la transición energética, este indicador se ha actualizado para garantizar la relevancia y utilidad para la toma de decisiones, lo que se reflejó en que no fue publicado en 2022.
“Si bien el triángulo energético sigue siendo válido, con un enfoque equilibrado hacia las tres prioridades de equidad, seguridad y sostenibilidad, el marco ETI actualizado identifica componentes específicos de estas dimensiones”, aseguró el organismo internacional en su reporte “Fostering Effective Energy Transition” del 2023.
A pesar de la caída que ha presentado México, el reporte asegura que “además de un conjunto de economías europeas avanzadas líderes, Corea del Sur, India, México y Hungría han exhibido recientemente un sólido entorno regulatorio propicio para acelerar una transición equilibrada”.
Falta consistencia en desempeño
En esta última edición, el WEF destacó que de los 120 países rankeados, 113 han progresado en la última década, pero sólo 55 han mejorado sus puntajes en más de 10 puntos porcentuales. En particular, los grandes centros de demanda emergentes, como China, India e Indonesia, han visto estas mejoras.
A la vez, únicamente 41 países han logrado avances constantes durante la última década (definidos como mejoras de desempeño consistentemente superiores al promedio en la ETI).
La caída de México en el ranking se da en medio de un contexto caracterizado por una baja inversión en nueva capacidad de generación eléctrica limpia renovable e intentos por cambiar las reglas de operación del sector eléctrico, para privilegiar la operación de la empresa eléctrica del Estado.