La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que el juicio administrativo por la defensa del agua que se inició en días pasados en los juzgados de Monterrey es resultados de los acuerdos que se tomaron por el Consejo de la Cuenca del Río Bravo.
Lo anterior, luego de que el pasado 23 de junio se llevó a cabo una sesión del Comité de Vigilancia por el Consejo de la Cuenca del Río Bravo en donde se aprobó un modelo matemático con el que se pretende justificar la apertura de las presas de Chihuahua y enviar el 54 por ciento de su almacenamiento al Estado de Tamaulipas.
Al respecto, la mandataria estatal dijo previamente que dicho modelo matemático es a todas luces ilegal e inexacto pues toma en cuenta cifras de almacenamiento de décadas atrás y no considera cambios como el crecimiento poblacional o el cambio en las precipitaciones.