El Caucus Hispano del Congreso (CHC) ha solicitado al gobierno del presidente Joe Biden que inicie una investigación contra el Departamento de Seguridad de Texas (DPS) por separar a familias migrantes en la frontera con México.
En una misiva dirigida al Fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los congresistas del Caucus han pedido que se tomen medidas para detener las separaciones de familias, después que el DPS reconociera que han detenido a hombres migrantes que viajan con sus esposas y sus hijos.
Defensores de los derechos de los migrantes denunciaron a principios de este mes que habían conocido que al menos 26 padres de familia, la mayoría venezolanos, habían sido detenidos por agentes del DPS por acusaciones de allanamiento de morada, mientras las madres y los niños fueron entregados a las autoridades de inmigración.
El portavoz del DPS, Travis Considine, reconoció al periódico Houston Chronicle que la agencia arrestó a padres que viajaban con sus familias
Los arrestos se dieron como parte del operativo “Estrella Solitaria”, emprendido por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en marzo de 2021.
En la misiva los legisladores demócratas dijeron que los arrestos de los padres de familia “parece ser un intento de reinventar las políticas crueles e impopulares” de la Administración del presidente Donald Trump (2017-2021) por parte de Abbott.
La separación de familias ha sido una medida muy criticada por defensores de los derechos humanos desde que en 2018 la administración del entonces presidente Donald Trump impuso el plan de “cero tolerancia” que alejó a miles de padres y madres de sus hijos, quienes eran enviados solos a albergues.
En ese sentido, los miembros del CHC enfatizaron que los arrestos de los migrantes son “una flagrante contradicción” con los esfuerzos de la administración Biden para mantener a las familias migrantes juntas por lo que pidieron una acción inmediata.
Los congresistas hispanos también criticaron las boyas instaladas por el gobierno de Abbott en el río Bravo. Aunque aplaudieron la querella legal emprendida por el Departamento de Justicia contra Texas por esta razón, advirtieron “que se debe hacer más”.