La decisión del juez federal que negó a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), terminar con la acusación en su contra derivada del incendio del 27 de marzo en una estación migratoria en Juárez será apelada por su equipo de abogados particulares.
Fue el mismo funcionario federal el que anunció la apelación minutos después de expuesta la decisión judicial en el Centro de Justicia Penal Federal de esta frontera.
“Me negó el señor juez (la suspensión condicional del proceso). Tenemos que presentar un programa integral de reparación de daños para las víctimas (…). Él dio su fundamentación, su motivación, y determinó esa resolución, y nosotros la impugnaremos y seguiremos el proceso”, dijo Garduño.
Uno de sus abogados, Rodolfo Pérez Velázquez, comentó en entrevista que “lo que realmente dijo el juez es que deberíamos de continuar las gestiones de reparación de daño a las víctimas que faltan, pero esto requiere la colaboración de la Fiscalía (General de la República) y de la Comisión (Ejecutiva de Atención a) Víctimas”.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 471, “el recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación”, plazo que fenece el miércoles, de acuerdo con el artículo 94, que indica que se trata de días hábiles los que se contarán.
El funcionario federal comentó luego de la negativa ante el juzgado de control que se tienen listos 140 millones en una partida presupuestal para pagar 3.5 de millones de pesos a cada víctima de manera equitativa, aunque falta por definir el resto del costo para la reparación integral del daño, que comprende, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
El acusado de ejercicio ilícito del servicio público por las presuntas omisiones que llevaron a la muerte de 40 personas y lesiones de otras 27 en el incendio en la estación provisional tipo B del INM de Ciudad Juárez el 27 de marzo explicó que aún no se cuenta con dicha suma pues la cuantificación “es un proceso que requiere la intervención de los consulados, la intervención de médicos, de especialistas, de peritos, pero yo jamás me he negado ni me negaría a poder reparar el plan integral, porque no corresponde a lo personal, sino corresponde al Estado este plan”.