La cólera social en Francia no cesa. Un día después del rechazo a las mociones de censura contra el gobierno de la primera ministra, Élisabeth Borne, por la aprobación vía decreto de la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, la protesta crece en intensidad y número, a pesar de que la policía francesa se está empleando a fondo para reprimir la revuelta popular.
Sólo en la madrugada del martes se registraron casi 300 detenidos más en todo el país, de ellos 234 en París, con lo que la suma de personas enviadas a comisaría por protestar desde el pasado jueves ya roza las mil. El presidente francés lejos de rectificar, informó a su equipo más cercano que continuará con la reforma, que no se celebrará ningún referendo y que no hará ningún cambio en su equipo de gobierno, según fuentes citadas por varios medios de comunicación, entre ellos Franceinfo y la televisora BFMTV.
Por sexto día consecutivo, las calles de las principales ciudades de Francia, como París, Nantes, Lille, Marsella o Dijon, entre otras, fueron el escenario de protestas pacíficas pero enérgicas contra la reforma del sistema público de pensiones de Macron, que pretende subir la edad de jubilación de 62 a 64 años y aumentar un año la cotización, de 42 a 43.
Los principales protagonistas de la revuelta popular son los trabajadores sindicalizados, pero también de forma masiva se han sumado los jóvenes estudiantes, que han desarrollado métodos ingeniosos para luchar contra el hermético y severo dispositivo judicial ordenado por el ministerio del Interior.
La protesta tiene dos patas: la de los sindicatos, que a través de las convocatorias de huelgas indefinidas en sectores estratégicos ha logrado paralizar la actividades en refinerías, gasolineras, transporte público, sobre todo los trenes, y la recogida de basura. De hecho, las autoridades francesas, a través del ministerio de la Transición Energética, ya expresaron su preocupación ante la escasez de combustible en el sureste del país, hasta el punto que firmaron un decreto para obligar a trabajar a los trabajadores de algunas de las refinerías paralizadas.
La segunda pata de la movilización popular es la protesta en las calles, que no cesa y va en aumento, gracias a que se han ido sumando miles y miles de jóvenes estudiantes. De hecho y a pesar de las detenciones masivas y al uso de la fuerza por parte de la policía, que ha utilizado gases lacrimógenos y agua a presión, en la noche de este martes se registraron protesta masivas, una de ellas en la plaza de la República de París y otras más pequeñas en Montpellier y Rennes, según la información difundida por los periódicos franceses Le Monde y Le Figaro.
En las protestas, como ha ocurrido en las anteriores, se prendieron barricadas con la basura acumulada en las calles, se utilizó el mobiliario urbano para impedir que las patrullas policiales les interceptaran y en el caso de París, en el punto álgido de la manifestación se prendió fuego a una enorme reproducción del número “49,3”, en alusión al artículo constitucional que utilizó el gobierno para aprobar por decreto la reforma.
El presidente Macron mantuvo una agenda apretada durante el día, con la intención de rectificar la situación, que la mayoría de los diarios franceses, desde el izquierdista Libération hasta el conservador Le Figaro calificaron de “grave” y que “sume al gobierno en una crisis política”.
La estrategia de Macron fue reunirse con el equipo de gobierno de Borne y con sus principales aliados y socios de gobierno a los que les habría trasladado, según la versión de varios medios de comunicación galos que citan “fuentes del gobierno”, entre ellos Franceinfo y la televisora BFMTV, que ni dará marcha atrás en su plan, ni disolverá la Asamblea Nacional ni hará dimitir a nadie del gobierno.
Macron también se reunió con el ministro del Interior, Gérald Darmanin, con el que analizó la situación social y los problemas que hay en el país a raíz de las protestas, como la escasez de gasolina, la acumulación de basura en las calles, la suspensión de vuelos y de trenes, y el caos de tráfico.
Darmanin informó que ante la previsible movilización masiva del próximo jueves, cuando hay convocada una nueva huelga general, se movilizarán hasta 12 mil agentes policiales, entre ellos cinco gendarmes. El político galo acusó a la “extrema izquierda de intentar provocar a la policía para debilitar al Estado”, según la declaración publicada en el diario Le Figaro.
Sin embergo, el ministro del Interior no se refirió a las numerosas imágenes de abusos policiales que se difunden en los medios de comunicación y de las que algunas de ellas ya se abrió una investigación en la Inspección General de la Policía Nacional, para aclarar si se utilizó la fuerza de forma desproporcionada.
Además, el vocero del gabinete, Olivier Veran, reconoció en una entrevista en la emisora de radio RTL que ya empieza a haber escasez de combustible y que por eso se había girado la orden a los trabajadores en las refinerías a volver a sus puestos. “Los empleados vuelven al trabajo. Vemos que hay gasolineras que carecen de combustible y los franceses ven restringida la circulación debido a las protestas. Se continuará obligando a trabajar a los empleados donde sea necesario”, aseguró.
Según los datos oficiales, actualmente en Francia hay 700 gasolineras sin ningún tipo de combustible, otras 852 ya muestran signos de escasez y en algunas regiones, sobre todo en el sureste, se están registrando largas colas de vehículos para llenar sus tanques.