La Consejería Jurídica de la Presidencia impugnará la suspensión del Plan B de la Reforma Electoral, promovida por el ministro Javier Laynez Potisek.
El 24 de marzo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Bajo el argumento de que no se permitirá que “se violente” la Constitución ni el orden jurídico mexicano el Ejecutivo federal solicitará al Pleno de la Suprema Corte revocar el acuerdo que admitió a trámite la controversia y la medida suspensiva.
La Constitución solo faculta a la Suprema Corte de Justicia para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral; esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”, expuso.
De acuerdo con Presidencia, los propios criterios de la SCJN refieren que las medidas cautelares de esta naturaleza solo pueden otorgarse respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros inciertos.
Resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino solo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto”, apuntó.
Acusó además que “no es común” que un viernes por la noche, y sin notificar formalmente a las autoridades, la Suprema Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante.
Exhortó así a los ministros a actuar dentro de las atribuciones que le corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes.