El Poder Legislativo de Chihuahua exhortó al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República, se realicen las investigaciones por posibles responsabilidades derivadas de la asignación y firma del contrato entre la compañía de seguridad privada CAMSA y el Instituto Nacional de Migración (INM).
La falta de protocolos y de capacitación de los encargados de la seguridad en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, trajeron lamentables consecuencias el pasado 27 de marzo, señala la proposición del diputado Ismael Pérez Pavía ante el Pleno del Congreso de Chihuahua, misma que fue aprobada por mayoría de votos.
Dentro de la exposición refirió que, según cifras oficiales del INM, se han contabilizado 40 personas fallecidas y al menos otras 27 personas se han reportado en estado grave de salud, tras el incendio que se suscitó en las instalaciones de la estancia mencionada.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó que este lamentable suceso fue a raíz de que personas custodiadas quemaron colchonetas al enterarse que iban a ser deportados a su país de origen. “Afirmar que lo ocurrido fue consecuencia de una protesta es especular y victimizar”, agregó.
Ahora bien, enfatizó que la prestación de seguridad en los centros de migración debe brindarse por agentes certificados, lo cual no es una realidad en el lugar referido, ya que las personas encargadas no contaban con certificación alguna y el contrato fue otorgado de manera directa al Grupo de Seguridad Privada Camsa.
Dentro del convenio entre la empresa encargada de la seguridad y el INM, se estableció que la misma debería aportar 503 elementos de seguridad en 23 estados, sin embargo, en Ciudad Juárez solo tenían reportados 4. El Presidente de la República informó que se rescindirá el contrato y se impondrá una multa a la empresa, sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien además tiene a su cargo las labores interinstitucionales de investigación del incendio, ha confirmado que la relación contractual entre el INM y la compañía privada Camsa sigue vigente.
Es por lo anterior que el Congreso de Chihuahua urgió a la Secretaría de la Función Pública Federal lleve a cabo una investigación por las posibles responsabilidades administrativas derivadas de la asignación y firma del contrato en materia, y para que la FGR investigue posibles irregularidades en el referido asunto, así como la posible comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades plasmadas en el Código Penal Federal.
“No es posible que por otorgarle un contrato a un amigo o conocido, fueran capaces de poner en riesgo la seguridad de migrantes y traer como consecuencia el fallecimiento de algunos de ellos, ¿hasta dónde alcanza el velo de impunidad de este Gobierno?, por que ha quedado demostrado que la política migratoria actual es sinónimo de omisiones, arbitrariedades y violatoria de derechos humanos”, culminó el legislador.