El Congreso chileno aprobó este miércoles la ley “Naín-Retamal”, llamada también “gatillo fácil”, que establece la “legítima defensa privilegiada” para los cuerpos de policía en medio de un incremento de los delitos en el país.
El asesinato la semana pasada de la sargento de Carabineros Rita Olivares, quien fue acribillada al bajar del automóvil policial mientras acudía a un procedimiento, aceleró la tramitación de esta normativa, que establece que en caso de que un policía o militar utilice sus armas de servicio se presumirá que “han sido correctamente empleadas” cuando actúen en defensa propia.
Tras un acuerdo entre el gobierno y el Senado se removieron varios de los puntos más controvertidos de este proyecto de ley, cuya discusión en el Congreso se dio en un clima de fuerte fricción y la presencia de víctimas de represión policial y familiares de policías asesinados.
“Acordamos dejar fuera algunas ideas francamente aberrantes que se intentaron meter en este proyecto (…) No es verdad que las policías son apoyadas cuando se les da manga ancha (ndlr, completa libertad de acción)”, dijo en el Congreso la ministra del Interior Carolina Tohá.
El acuerdo con el gobierno también eliminó la causal que permitía el uso de armas cuando un policía es atacado por dos o más personas desarmadas, así como la exención de responsabilidad de los mandos policiales o militares por eventuales delitos protagonizados por sus subalternos.
“Lo que hace este proyecto es que cuando un policía hace el uso del arma en defensa propia, o de un tercero porque está en riesgo su vida, se va a asumir que el policía debería haber operado de acuerdo a los principios profesionales, pero una investigación puede demostrar lo contrario”, explicó la ministra Tohá tras la aprobación de la ley.
“Han muerto carabineros para que este proyecto salga a la luz (…) la protección a nuestras policías, entregarles mayores facultades, les devuelve la esperanza a los chilenos”, destacó el diputado opositor Andrés Longton, autor de la iniciativa.
El proyecto original, que durante el trámite ponentes y opositores llamaron “gatillo fácil”, ha sido criticado por expertos penalistas y por Naciones Unidas.
“No se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos”, criticó el jefe de ONU para los derechos humanos en América del Sur, Jan Jarab.
Según las encuestas, la delincuencia es la principal preocupación de los chilenos, y su aumento presionó al Gobierno y al Congreso a tratar una batería de leyes contra el crimen.
Considerado uno de los paraísos de seguridad en América Latina, Chile ha visto un reciente aumento en los crímenes.
Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 los homicidios crecieron 33,4 por ciento respecto al año anterior, la segunda mayor variación en América Latina detrás de Ecuador, donde aumentaron más de 80 por ciento.