Los datos mostraron que en mayo la actual administración ejerció un gasto de 80,531 millones de pesos, lo que supuso una disminución de 22% en comparación con el mismo mes del año pasado.
La caída de mayo es la mayor de la que se tiene registro desde el 2007, que fue el año en el cual Hacienda empezó a reportar este dato.
La disminución más cercana es la registrada en el 2017, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se observó una caída de 20% anual en el mismo mes.
En el acumulado de enero a mayo, el gasto educativo sumó 418,324 millones de pesos, 14.3% más en comparación anual.
El gasto en educación en el país ha sido bajo. De acuerdo con la información disponible, al cierre del 2023 representó apenas 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo superado por el gasto en combustibles y energía (3.7% del PIB) y protección social (5.4 por ciento).
“El financiamiento público para educación es una herramienta política fundamental, que beneficia principalmente a los estudiantes con condiciones socioeconómicas más bajas”, destacó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en una investigación, donde se expuso que en el 2020 mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 4.9% del PIB, en México alcanzó 4.5 por ciento.
Aumento insuficiente
Para este año, se aprobó un presupuesto de 995,409 millones de pesos, lo que representa un aumento de 2.9% respecto a lo aprobado para el año pasado, además de representar 11 de cada 100 pesos que se gasten del presupuesto público total.
Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), indicó que los recursos públicos que se han destinado a la educación son insuficientes para atender las necesidades en la materia.
“En la última década, el presupuesto destinado a la educación ha experimentado fluctuaciones sin una tendencia clara. La calidad de la educación no debe verse comprometida por la falta de recursos, pues sin educación, México difícilmente desarrollará el talento que necesita para alcanzar una mayor competitividad. A pesar de la implementación de importantes reformas educativas, las asignaciones presupuestarias resultan insuficientes para afrontar los desafíos educativos del país”, destacó.
En este sentido, el CIEP indicó que el financiamiento suficiente es una de las condiciones mínimas para la enseñanza, además de que se debe invertir de forma más equitativa y eficiente.
“En el país, los ingresos públicos federales, en el 2024 alcanzarían 21.3% del PIB. El presupuesto educativo representaría 3.23% del PIB, por lo que se mantiene una brecha presupuestaria de, al menos, 0.77 puntos del PIB respecto a la recomendación internacional de destinar entre 4 – 6% del PIB”, añadió.
En este sentido, diversas organizaciones, comisiones y alianzas se han pronunciado a favor de una reforma fiscal progresiva para aumentar los ingresos públicos que, a su vez, ayuden a solventar las necesidades de gasto, por ejemplo, en educación.