El nuevo esquema planteado por los inconformes establece cerrar la vía por dos horas y abrirla por el mismo lapso de tiempo, medida que se extenderá por lo menos hasta este viernes, y que dio un respiro mínimo al congestionamiento vehicular en dicha arteria pues las hileras de vehículos son kilométricas.
Los campesinos mantienen un campamento en la autopista, a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan (kilómetro 70+400) pues aseguraron que no se retirarán hasta que el gobierno federal cumpla con el pago de las indemnizaciones por la expropiación de sus tierras para la construcción de la vía, en 1958.
De esa forma, es posible ver carpas, tiendas para acampar, anafres, mesas, troncos para prender fuego, bocinas, puestos que venden comida, en la zona.
Fue alrededor de las 11 de la mañana cuando Patricia Rodríguez Flores y Jorge Portilla Alba, asesores legales de los ejidatarios inconformes, pertenecientes al núcleo ejidal de Ignacio López Rayón, que se encuentra en el municipio de Tlahupana, anunciaron la reanudación parcial del tránsito de vehículos en la autopista, como una medida de “empatía”, dijeron con quienes se vieron afectados con el bloqueo, como cientos de transportistas que se quedaron varados durante el martes y miércoles.
Debe decirse que el anuncio de la apertura parcial de la vía ocurrió después de que los representantes de los ejidatarios dieron a conocer, en conferencia de prensa ofrecida en el punto del bloqueo, que fueron citados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en calidad de indiciados por carpetas de investigación cuyo contenido no revelaron.
El retiro parcial del bloqueo también fue enmarcado por la presencia de policías ministeriales y de la Policía Estatal, corporación que reforzó su presencia en la zona.
De acuerdo con Jorge Portilla, cuyas palabras fueron respaldadas en todo momento por los ejidatarios inconformes que estaban en el bloqueo y los cuales sumaban alrededor de 100, estos tienen plena disposición de retomar mesas de diálogo con representantes del gobierno federal para llegar a un acuerdo, y las cuales se rompieron el pasado seis de agosto –día en que la protesta inició– debido a que los labriegos y sus asesores no vieron disposición por parte de las autoridades para cumplir con sus pagos.
El asesor indicó que, en contraste, el diálogo con el gobierno del estado a través del secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, se mantiene, en un ámbito de respeto y cordialidad.
El panorama de la situación expuesto por los representantes jurídicos refiere que los bloqueos parciales continuarán hasta que los ejidatarios reciban un pago justo por sus terrenos, pues aseguraron que han esperado 66 años sin recibir las indemnizaciones correspondientes.
Puntualizaron que han sido empáticos con la situación pues hace ya casi dos años recibieron una sentencia favorable por el juicio que emprendieron para obtener sus pagos, periodo en el que han esperado pacientemente.
Fustigaron que tengan que pagar por usar la autopista México-Puebla pues atraviesan “sus propios” terrenos debido a que aún no les son pagados cuando indicaron que la vía es un “río de riquezas” pues deja ingresos multimillonarios.
Se enfrentan ejidatarios con transportistas
Los ejidatarios y sus asesores legales se enfrentaron verbalmente con un grupo de transportistas cuando estos acudieron a la conferencia de prensa que los primeros brindaron, para reclamarles su falta de empatía con su situación, pues indicaron que ya habían permanecido por dos días sin varados sin poder llegar a sus destinos.
El conflicto no escaló a las agresiones físicas, debido a que los representantes de los campesinos dijeron a los conductores que había la posibilidad de que abrieran parcialmente la vía, situación que se cumplió alrededor de las 11 de la mañana.
¿Cuál es el origen del conflicto?
Portilla explicó que fue en 1959 cuando 41 hectáreas del ejido Ignacio López Rayón, de Santa Rita Tlahuapan, fueron expropiadas para construir la autopista México-Puebla, sin que las autoridades pagaran a los ejidatarios afectados sus tierras.
Los inconformes recurrieron a un proceso legal y hace casi dos años, los tribunales agrarios fallaron en su favor y obligaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a cumplir con las indemnizaciones.
A partir de esa fecha, se establecieron mesas de negociación pero los campesinos no aceptan las cantidades que les han ofrecido debido a que son menores a las que la ley establece.
Por otra parte, indicaron que tampoco se ha realizado un avalúo para conocer el precio justo de los terrenos en cuestión.