El proyecto 2025 negaría toda ayuda y protección a los menores migrantes que lleguen a EU sin compañía de adultos. Asimismo, pondría fin a las visas para apoyar a víctimas de trata de personas
Más de un centenar de organizaciones conservadoras, algunas de ellas de extrema derecha, ya han delineado un plan de gobierno a implementarse en los primeros seis meses de una nueva administración Trump, en Estados Unidos, que reúne todas las medidas antiinmigrantes de su primer periodo de gobierno e incluye otras como desplegar fuerzas armadas en la frontera y devastar el asilo.
El Proyecto 2025, un plan presentado en 900 páginas de texto de muchos exfuncionarios de la administración Trump, incluye guías y cambios conservadores para todas las áreas de gobierno en total favor de las políticas del expresidente, como dar a Trump el poder de despedir a empleados y funcionarios públicos que estén en desacuerdo con las decisiones del exmandatario.
Para la frontera, el proyecto exige como primer paso desmantelar el Departamento de Seguridad Interior (DHS), y a partir de ahí reestructurar todas las dependencias de ese departamento para dirigirlas contra la migración.
Por ejemplo, el plan demanda que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración Estadunidense que atiende los procesos de inmigración para residentes permanentes y naturalización “se convierta en una institución de inteligencia”, que más que ayudar a los migrantes a residir legalmente, los considere potenciales peligros para el país.
El proyecto demanda continuar la construcción del muro fronterizo “y otros sistemas” de barda limítrofe, derogar el programa de los dreamers y deportar a unos 800 mil jóvenes; también echar del país a unos 370 mil migrantes que han vivido con el Estatus de Protección Temporal (contra deportaciones) o TPS, algunos de ellos desde la década de los años ochenta.
El proyecto que encabeza la Heritage Foundation exige reimplementar el programa Quédate en México, que durante el gobierno de Trump obligó a 72 mil solicitantes de asilo a aguardar del lado mexicano de la frontera y sólo otorgó asilo a 14 personas.
También exige volver a implementar el Título 42, la excusa de la era Trump para impedir que los solicitantes de asilo se entregaran para iniciar su proceso, presuntamente porque podrían portar el virus de covid-19, ahora aun sin pandemia.
También demanda el Título 8, la exigencia de demostrar en la frontera las pruebas y evidencias por las que las personas solicitan asilo, o regresarles a sus países.
El proyecto 2025 negaría toda ayuda y protección a los menores migrantes que lleguen a la frontera sin compañía de adultos.
Asimismo, pone fin a las visas con las que el gobierno de Estados Unidos ayuda a víctimas de trata de personas y también cancela las visas para extranjeros que son víctimas de abuso conyugal por parte de estadunidenses.
El proyecto termina con limitaciones como abstenerse de hacer redadas en iglesias y centros de culto religiosos, en cortes, escuelas, hospitales, supermercados y transporte público.
El plan se alinea con todas las demandas republicanas de los últimos años. Si acaso exceptúa enviar tropas y misiles a México para presuntamente combatir a cárteles de las drogas, una idea de Trump que en el último año defendieron consistentemente legisladores como el senador Lindsey Graham.
Pero está en línea con un plan que presentó el arquitecto de las políticas antiinmigrantes de Trump, Stephen Miller, quien ahora declara que desde el primer día de una nueva administración Trump comezará una deportación masiva de unos diez millones de personas.
El pasado fin de semana el candidato a vicepresidente, compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, declaró que esa expulsión masiva del país sería por partes “empezaríamos con un millón” de deportaciones dijo en entrevista televisiva.