El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su momento se van “a tomar decisiones” sobre la permanencia en el cargo de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), y de quien ayer la Fiscalía General de la República (FGR) informó que procederá penalmente en su contra por la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria en Ciudad Juárez.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador detalló que no se conoce todavía el alcance de dicha investigación contra Garduño, por lo que pidió a la FGR que informe más al respecto.
“Hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez”, dijo.
“No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados y hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, otros por homicidio, todavía falta que la FGR informe más sobre la investigación y que los jueces sean encargados de impartir justicia”, explicó.
“Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento”, argumentó.
El mandatario mexicano aseguró que “no iba a haber impunidad para nadie” en el caso de la muerte de los 4 migrantes, debido a que “ya no son los tiempos de antes”
La FGR informó que procederá penalmente en contra del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, entre otros funcionarios, por la muerte de 40 migrantes en un incendio en el interior de una estación migratoria al norte de México.
“Se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”, señaló la FGR en un comunicado.
La noche del 27 de marzo un incendio en el centro del INM, en la fronteriza ciudad Juárez, mató a 40 migrantes, entre ellos seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano, incidente que el Gobierno salvadoreño calificó de un “crimen de Estado” y por el que pidió la remoción de los titulares de la política migratoria de México.
La Fiscalía explicó que su actuar se produjo tras determinar “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Esto, después de indicar que la función del INM es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional.
Es por ello, que la Fiscalía mexicana también indicó que se precederá penalmente en contra de los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que, dijo, “se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos”.