Un juez federal vinculó a proceso a cuatro militares por su presunta responsabilidad en la ejecución de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Los soldados enfrentan cargos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
El pasado 26 de febrero militares accionaron sus armas de fuego en contra de una camioneta, lo que dejó un saldo de cinco jóvenes mexicanos abatidos, uno lesionado y uno más ileso.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explicó el 28 de febrero que el accionar de los elementos del Ejército Mexicano se dio tras una persecución y el sonar de “un estruendo”, al tiempo que detalló que se abrieron carpetas de investigación por autoridades de justicia civiles y militares.
En tanto, a mediados de marzo pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, había adelantado que los jóvenes no estaban armados y no se enfrentaron a los miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que su muerte pudo tratarse de una ejecución.
Sobre el caso, el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió determinar el papel del Ejército en la matanza de estos jóvenes para que, en el caso de que sean responsables, “sean castigados”.
Entre diversas organizaciones civiles y organismos que han condenado los hechos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también solicitó realizar una investigación “diligente, pronta e imparcial” sobre estos asesinatos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la organización Fundar y Human Rights Watch (HRW) también demandaron una investigación de los hechos.