Derivado de los probables hechos delictivos que se suscitaron en contra del personal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, mismos que tuvieron verificativo en la Ciudad de México el día 14 de agosto del año en curso, mientras se efectuaba el cumplimiento de un mandato judicial para llevar ante el juez de control a Javier Corral por el delito de peculado con penalidad agravada en número de dos, por un desvío de $98,600,000.00 pesos y en los que estuvieron involucrados diversos servidores públicos de la Ciudad de México, así como particulares, se informa:
Que hace unos momentos, y con fundamento en los artículos 20, apartado C y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 105, 109, 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Representación Social presentó dos denuncias en la Ciudad de México, contra quienes resulten responsables; la primera ante María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República y la segunda ante Rafael Chong Flores, Fiscal Especializado en combate a la Corrupción de la Ciudad de México.
Lo anterior, para dar a conocer formalmente a la autoridad investigadora dichos hechos probablemente delictivos, a fin de que se sancione a los responsables de tales inéditos e inusitados acontecimientos que se tradujeron en una clara obstrucción de la justicia, mismos que son presuntamente constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, evasión, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia de particulares, entre otros.
La FACH ha sido y seguirá siendo en todo momento respetuosos del Estado de Derecho, la autonomía y la solidez de las instituciones encargadas de procurar justicia y más tratándose de delitos por hechos de corrupción, motivo por el cual confiamos que se llevarán a cabo investigaciones objetivas, imparciales, ajenas a cuestiones carácter político y que en su momento procesal las y los probables responsables sean llevados ante la autoridad judicial a efecto de que respondan por la probable comisión de los delitos anteriormente señalados.