María Eugenia Campos Galván señaló que Chihuahua tiene a una gobernadora minera que hará todo lo posible para que se mejoren las condiciones de las empresas dedicadas a este ramo primario, así como el ambiente laboral de los trabajadores y del cuidado del medio ambiente.
En este sentido, manifestó que el Estado no quiere que, por cuestiones ideológicas, se mine, perjudique o dañe la vocación minera, misma que indicó, representa una importante actividad para Chihuahua.
Lo anterior, luego el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada las reformas a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley del Equilibrio Ecológico para reducir la vigencia de las concesiones mineras y endurecer las condiciones para otorgarlas.
Avalado en lo particular con 251 votos de Morena, PVEM, PT y MC a favor, 209 de PAN, PRI y PRD en contra, así como una abstención, el proyecto se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Durante la discusión de las más de 20 reservas presentadas, el pleno cameral admitió un solo cambio para establecer que el costo de las consultas a las comunidades indígenas sobre los proyectos mineros deberán ser cubiertos por quien solicite la concesión.
La iniciativa presentada sorpresivamente por Morena, en un acto que la oposición calificó de “albazo legislativo”, reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras, con la posibilidad de prorrogarlas 25 años más y al término de ese plazo, en caso de que el titular decida participar en la nueva licitación del mismo lote, tendría preferencia para obtener otros 25 años de carácter improrrogable.
Así, la duración total de la concesión podría alcanzar 80 años y no los 100 que prevé la actual legislación