Los senadores que integran las comisiones de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos Segunda discutirán este martes la Ley Minera que fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados.
A través de un oficio, los presidentes de las comisiones —Geovanna Bañuelos y Rafael Espino de la Peña— indicaron al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, que este martes iniciarán la discusión de la Ley Minera a las 11:00 horas.
La reforma para restringir la minería que reduce los tiempos de las concesiones mineras y facilita cancelar los permisos, medidas que crearían roces en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Con esto se modifican algunos artículos de la Ley Minera; la Ley de Aguas Nacionales; la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua.
La reforma aprobada por los diputados reduce de 50 a 30 años la duración de las concesiones mineras, con sólo una prórroga de 25 años, por lo que las empresas deberán volver a concursar para tener nuevamente la concesión.
De igual forma, permitirá que el gobierno sólo otorgue concesiones de minas mediante un concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de facilitar la revocación de la licencia por daños al medioambiente.
Incluye la regulación del manejo de los residuos mineros y metalúrgicos, que se tendrá prohibido depositar en Áreas Naturales Protegidas, así como humedales, zonas federales de aguas nacionales.
De acuerdo con el documento, la concesión de agua para minería tendrá una duración de cinco años y estará sujeta a la disponibilidad de este recurso.
También considera que no se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas.
Con esta reforma también se regula la transmisión de los títulos de concesión y se añade un apartado de delitos para sancionar la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos.
Asimismo, el dictamen obligaría a las compañías del sector a devolver al menos el 10% de los beneficios a las comunidades y a revelar el impacto de sus operaciones.
El lunes, distintos colectivos defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente pidieron a los senadores aprobar el dictamen “para consolidar los avances logrados y evitar caer en actitudes dilatorias que los pongan en riesgo”, así como que el dictamen sea mutilado.