Se trata de un procedimiento de responsabilidad administrativa derivado de una denuncia que en 2022 interpuso el diputado Omar Bazán por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.
Los hechos que denunció el legislador versan sobre la compra de un inmueble por parte del exgobernador, con un valor comercial de 4 millones de pesos que supuestamente nunca declaró y que, de confirmarse el hecho, representarían una conducta grave que podría sancionarse hasta con la inhabilitación del servicio público.