Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron la noche de ayer, bajo una orden de aprehensión, al migrante venezolano Carlos Eduardo C. R., por el delito de homicidio en contra de 40 migrantes que perdieron la vida el 27 de marzo tras el incendio ocurrido en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM).
La detención del sudamericano, quien aseguró a las autoridades que él no fue responsable, sino también una víctima, se llevó a cabo aproximadamente a las 22:00 horas de ayer, por lo que la familia reclamó que haya sido de noche y sin la presencia de las autoridades consulares de Venezuela.
Carlos Eduardo C. R., es el segundo migrante detenido acusado por el incendio ocurrido en Ciudad Juárez, en el que 40 extranjeros perdieron la vida y 28 más resultaron heridos.
“Esta es una técnica de investigación, control judicial, una orden de cateo con fines de dar cumplimiento a una orden de aprehensión que se libra (…) por el delito por el cual se le detiene, por el cual se determina la orden de aprehensión es por el delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 302 en relación al 307, ambos del Código Penal Federal, cometido en agravio de 40 víctimas”, informó un agente a la familia.
“Yo fui víctima”, “sigo en su país”, repetía el migrante mientras los agentes realizaban el cateo en el lugar en el que se encontraba y sus familiares pedían el apoyo de autoridades de su país, realizar una llamada a un abogado y la presencia de Grupo Beta.
Como parte de la investigación del siniestro han sido vinculados a proceso los agentes migratorios Daniel `N´, Rodolfo `N´ y Gloria `N´; Alan Omar `N´, guardia de seguridad privada; Juan Carlos `N´, coordinador de grupo Beta; Eduardo `N´, jefe de Recursos Materiales de la estación migratoria; Salvador `N´, titular de la representación local del INM en Chihuahua; y el migrante venezolano Jeison `N´, mientras que la agente Cecilia `N´, asignada al municipio de Asceción, fue liberada.
En cambio, el comisionado nacional del INM, Francisco Garduño Yáñez y el director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, llevan un proceso en libertad, lo que ha provocado el reclamo de activistas.