Sin embargo, el organismo electoral no pudo comprobar que dicho desvío, conocido como “Operación Safiro”, tuviera como destino el PRI o campañas priistas en el 2016.
De los 11 consejeros, cuatro votaron en contra -Jaime Rivera, Martín Faz, Ciro Murayama y Claudia Zavala-, al considerar que existían elementos para sancionar al partido, pues, casualmente, el entonces secretario del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez, era socio en las empresas que recibieron el dinero.
El Instituto dará vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que investiguen los hallazgos de la Unidad de Fiscalización. Además de que la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE podrá dar vista a la FGR.
Con información de la FGR, el INE siguió el rastro de los 275 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) que entregó, en el 2016, la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por Luis Videgaray, al Gobierno de Chihuahua.
De ese monto, la Secretaría de Hacienda estatal destinó 250 millones de pesos a cinco empresas: Despacho de Profesionistas Futura, 90 millones; Servicios y Asesorías Samex, 55 millones; Servicios y Asesorías Sinnax, 55 millones; Servicios y Asesorías Sisas, 46 millones; y Jet Combustibles, 4 millones.
A su vez, éstas dispersaron el dinero a 15 subempresas, pero casualmente todas estaba ligadas entre sí, y en muchas de ellas su socio es Alejandro Gutiérrez, quien fue encarcelado en el 2017 por peculado, y hace unos meses fue liberado, con la advertencia que tiene pendiente el desvío de 250 millones.
La autoridad determinó que algunas de esas empresas tienen relación con otras que fueron proveedoras del PRI en el 2016.
El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, recriminó a sus compañeros no imponer una sanción al PRI, pues, argumentó, con menos elementos se sancionó al PT por las triangulaciones de los CENDIS.
“Los elementos de prueba son suficientes para corroborar las declaraciones en el sentido de que existió una operación donde se crearon y utilizaron empresas exprofeso para realizar una triangulación de dinero a fin de trasladar recursos públicos en favor del partido político denunciado.
“Esto no solo es un asunto de corrupción, es un asunto electoral que debe ser sancionado por este Instituto”, agregó Martín Faz.
La consejera Claudia Zavala añadió: “nadie va a dejar constancia, o procurará, a veces les fallan las cosas, pero de que hay indicios, sí hay indicios”.
Su compañera Adriana Favela le hizo segunda al recalcar que nadie va a un ministerio público a que certifique su irregularidad, sin embargo, justificó, no está acreditado que el recurso se desvió al PRI.
Carla Humphrey aseguró que el dinero pudo ir a las carteras de priistas, incluso cuestionó de dónde saca César Duarte para pagar sus abogados desde la cárcel.
El INE no encontró registro del servicio que supuestamente realizaron e incluso ocho de ellas son fantasma.
“(Al día siguiente de que las cinco empresas recibieron el dinero) lo dispersaron a través de diversas transferencias a las denominadas subempresas, las cuales emitían cheques o volvían a dispersar el recurso en otras transferencias por montos más pequeños.