Hoy continúa la audiencia inicial contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, en un procedimiento judicial que –en las diferentes audiencias a otros acusados– ha puesto en cuestionamiento la política migratoria nacional.
La violación a los derechos humanos, la corrupción y la negligencia oficial han sido expuestas por la Fiscalía General de la República (FGR) en la causa penal 237/23.
Pese a los señalamientos, el servidor público se mantiene en el cargo, al rechazar el juez federal de Control, Víctor Manlio Hernández Calderón, dos de las tres medidas cautelares solicitadas por la representación social y sólo fijar la firma periódica cada 15 días.
A Garduño Yáñez se le acusa por el ejercicio indebido del servicio público, ya que al estar en funciones fue omiso al ejercer y supervisar, como son sus facultades, la vigilancia y la implementación de protocolos de seguridad en la estancia provisional Juárez.
En esa estancia estaban encerrados 68 hombres, tras una reja con candado, por órdenes del personal del propio instituto y a pesar de conocer que esta estancia carecía de las condiciones de seguridad necesarias omitió cerrarla y continuaron ingresando más personas en condiciones de vulnerabilidad, 40 de las cuales murieron y 28 más resultaron lesionadas en el incendio registrado el pasado 27 de marzo.
Hasta hoy han sido vinculados a proceso Antonio Molina Díaz, por ejercicio indebido del servicio público, según la causa penal 236/23; Salvador G. G., titular de la Oficina de Representación de Chihuahua, acusado por homicidio, lesiones, ambos delitos dolosos, y el ejercicio indebido del servicio público, bajo la causa penal 235/23.
Además de Juan Carlos M. C., Eduardo A. M., Daniel G. Y., Gloria Liliana R. G. y Rodolfo C. de la T., dentro de la causa penal 216/23, junto al guardia Alan Omar P. V. y el venezolano Jeison Daniel. C. R.
La fiscal Shayra Erandy Pérez Colín expuso desde la primera formulación de imputación que los hechos ocurrieron el 27 de marzo entre las 20:30 y 21:50 horas en el interior de la estancia provisional Juárez, ubicada en la calle General Rivas Guillén 950, en la zona Centro.
En el área varonil se encontraban internados 68 hombres de origen extranjero encerrados con candado por órdenes del personal de Migración, en dicha estancia estaba Alan Omar cumpliendo funciones de guardia de seguridad con motivo de un contrato con la empresa Tank.
Inobservaron su deber específico de actuar ese día al no realizar las inspecciones de las personas migrantes adecuadamente, respecto al grupo de venezolanos que ingresó ese mismo día y proporcionar un encendedor a Jeison Daniel C. T. con el cual, junto con otro venezolano aún sin detener, iniciaron, la ignición por exposición con flama directa sobre las colchonetas que se encontraban en el interior.
Según la acusación, fue Jeison el que colocó esas colchonetas entre los barrotes y puerta para tapar la visión y no obstante que las personas comenzaron a gritar cuando comenzó el fuego, Jeison prendió fuego sobre las colchonetas y las víctimas les pidieron auxilio a Alan Omar, Gloria Liliana R. G. y Rodolfo, y no brindaron ayuda, dejaron de hacer lo que tenían que hacer como era abrir el candado… y salieron corriendo, acusó la fiscal.
En el caso del contralmirante, la acusación también refiere que él cuestionó al supervisor de la empresa Tank “¿por qué no abrieron el candado?”, revelando que él sabía que las celdas estaban cerradas.
El juez Juan José Chávez Monge, quien presidió la audiencia contra Salvador G. G., insistió en que no era “posible que nadie supiera dónde estaba la llave” y cuestionó “¿por qué, si estaban alojados, estaban con candado?”, además de las violaciones al artículo 68 de la Ley de Migración, que establece que la presentación de personas de nacionalidad extranjera no deberá exceder de 36 horas a partir de su puesta a disposición.
Garduño fue informado por Antonio Molina Díaz de una irregularidad del personal de la empresa de seguridad y no hizo nada al respecto, además supo que el contralmirante acusado ordenó la ampliación de las celdas para tener un aforo de 40 a 80 personas encarceladas y pese a no cumplir con ninguna medida de seguridad, tras el siniestro registrado en Tenosique en el 2020, no ordenó su cierre, expuso la fiscal.