La noche del jueves se confirmó la detención de otros dos elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) relacionados con la muerte de 40 migrantes en un incendio en Ciudad Juárez.
Se trata de Juan Carlos Meza Cumplido, subdirector del Grupo Beta, y Cecilia Sapién, jefa del departamento de Seguridad y Custodia. Horas antes, se dio a conocer la detención de Eduardo Apodaca Magallanes, jefe del departamento de Recursos Materiales del INM en Ciudad Juárez.
Resta la detención del contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua. También se encuentra entre los señalados Juan Andrés Molina Reynoso, subrepresentante local en Puente Lerdo.
Los sujetos mencionados, informó la FGR, “tuvieron una vinculación directa” con los hechos ocurridos el 27 de marzo.
Con esto, suman ocho personas detenidas por este caso, de las cuales, cinco han sido vinculadas a proceso. Esas cinco personas son: los agentes de migración Daniel “N”, Rodolfo “N”, Gloria “N”, el guardia de seguridad Alan “N” y el migrante Jaison “N”.
Aunque Gloria ‘N’ obtuvo una suspensión definitiva, todavía no se le dicta libertad.
La Fiscalía también citó a comparecer a Francisco Garduño, comisionado del INM, y a Antonio López Díaz, director general de Control y Verificación, a quienes se les acusa de incumplir sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando delitos cometidos contra migrantes.
Será el 21 de abril cuando Francisco Garduño deberá presentarse a comparecer a la audiencia inicial programada en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.
En dicha audiencia se conocerá la imputación contra Garduño y los datos de prueba obtenidos.
De no presentarse, la FGR podría solicitar una orden de aprehensión en su contra.
La noche del 27 de marzo un incendio en el centro del INM en Ciudad Juárez, mató a 40 migrantes, entre ellos seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano, incidente que el Gobierno salvadoreño calificó de un “crimen de Estado” y por el que pidió la remoción de los titulares de la política migratoria de México.