Abogados, defensores de los empleados del Instituto Nacional de Migración y del venezolano Jeison Daniel C. R., sujetos a proceso por homicidio de 40 personas extranjeras y 27 lesionadas más, ambos delitos dolosos, solicitarán en la próxima audiencia que sean modificadas las medidas cautelares del comisionado Francisco Garduño Yáñez por supuesta obstrucción de la justicia.
En el oficio enviado al juez de Distrito, el abogado Jorge Vázquez Campbell, quien lleva la defensa de Jeison Daniel C. R., pide que dentro de la audiencia programada para este viernes, después de que se resuelva la petición del Ministerio Público de acumular las causas penales 237/2023 y 253/2023, en vía incidental y privilegiando el principio de concentración, se permita que las partes debatan sobre la posibilidad de modificar la medida cautelar impuesta al imputado Francisco G. N.
“Y en su lugar, le imponga resguardo domiciliario en una vivienda de esta ciudad y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración. Ya que a la fecha han variado las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar que actualmente soporta el acusado”, dijo Vázquez Campbell.
Expuso que tiene conocimiento de que la defensa del funcionario pretendió incorporar, antes de que fuese resuelta su situación jurídica, datos de prueba consistentes en entrevistas con varios migrantes alojados en un hotel de esta ciudad, lo cual hace patente que desde su cargo de Titular del Instituto Nacional de Migración, dicha persona está en condiciones de corromper el desarrollo de la investigación al influir en el testimonio de los extranjeros sobrevivientes.
Como se informó, durante la audiencia de vinculación a proceso, la defensa legal del comisionado pretendió incorporar como dato de prueba los testimonios de tres sobrevivientes, los cuales fueron entrevistados frente al personal del INM, pero sin abogado defensor y representación consular, por lo que fueron desestimados los testimoniales.
Los entrevistados decían que el 27 de marzo recibieron los tres alimentos que fueron suficientes y les gustaron.
Los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) rechazaron estos testimonios y consideraron que los abogados revictimizaron a los sobrevivientes al entrevistarlos sin la presencia de un abogado defensor y un representante consular, y frente a personal del INM que está a cargo de la atención de los ofendidos en un hotel que paga el INM.
La abogada también criminalizó a la población en condición de vulnerabilidad al afirmar que no cuidan las instalaciones migratorias y que por ingresar sin documento al país son retenidos en esas estaciones, donde permanecen encerrados.
El juez federal de Control Víctor Manlio Hernández Calderón reiteró como medida cautelar la firma periódica quincenal los días martes, contados a partir del 2 de mayo, según lo dispuesto en artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La audiencia será celebrada este viernes en el Centro de Justicia Penal, agregó Vázquez Campbell.
Con respecto a las medidas cautelares contra el comisionado, quien incluso puede viajar fuera del país por motivos de trabajo, la ley cita que estas medidas serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.
El artículo 155 del mismo código refiere que el juez podrá imponer al imputado una o varias medidas cautelares y una de ellas fue la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe.
“El problema es que él es juez y parte. En sus manos está la información que solicita el Ministerio Público y que puede manipular a su favor”, señaló el defensor.