Entre los datos más relevantes dados a conocer por los fiscales durante la audiencia maratónica a los cinco acusados de homicidio y lesiones en la tragedia del INM, destacó que un grupo de venezolanos fue ingresado el 27 de marzo y estos reclamaron la falta de agua y alimentos.
Los señalados son tres funcionarios federales, Daniel “N”, Rodolfo “N” y Gloria Liliana “N”, así como Adán “N”, guardia de la empresa de seguridad privada Tank y Jason “N” de nacionalidad venezolana.
Presuntamente Jason y otro le compraron cigarros a uno de los guardias con todo y encendedor. Tras fumar en el baño, los dos hombres estaban en la celda y luego empezaron el motín exigiendo agua y comida.
La fiscal narró que según los testimonios recabados, los dos venezolanos colocaron las colchonetas en las rejas de las celdas para hombres y le prendieron fuego. Los peritajes revelaron que la ignición ocurrió en dos puntos distintos a dos metros de distancia.
La fiscal destacó la ausencia de protocolos en las que incurrió el INM, cuyo titular es el contraalmirante Salvador González Guerrero, quien en su declaración dijo haber sido enterado del siniestro por el representante de la empresa de seguridad Tank, quien le mandó el video.
También le llamaron sus superiores desde la Ciudad de México y él se comunicó con Daniel “N”, titular de la representación noreste, que contempla la estación provisional, para pregúntarle qué pasaba y acudiera al lugar. Cuando el mando militar retirado llegó al lugar del siniestro ya estaban sacando los cuerpos, trascendió.
En el desarrollo de la audiencia quedó evidenciada la ausencia de supervisión en el cumplimento de los protocolos para la operación de la estación provisional, ya que por su tipo los migrantes no deben permanecer confinados más de 73 horas y entre las víctimas mortales había personas ingresadas desde el 25 de febrero.