Un juez federal ordenó esta madrugada poner en libertad a Cecilia R. T., jefa del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia del Instituto Nacional de Migración (INM) acusada la semana anterior de los delitos de homicidio de 40 personas extranjeras en la estancia provisional de esta frontera, lesiones de 27 y ejercicio indebido del servicio público.
Al dictar su resolución, el juez Juan José Chávez Montes señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó datos que probaran que la imputada tuviera relación con la estancia migratoria ubicada en Juárez y donde ocurrió el incendio que provocó los decesos el pasado 27 de marzo, sino que estaba adscrita a la estación del INM ubicada en Janos –al oeste de la entidad.
El mismo juez dictó, en cambio, auto de vinculación a proceso por los mismos tres ilícitos a otros dos empleados federales: Juan Carlos M., coordinador del grupo Beta en Ciudad Juárez, y a Eduardo A. M., jefe de Recursos Materiales del INM en el estado, sobre quienes planteó que probablemente incurrieron en omisiones del cumplimiento de sus obligaciones como “garantes” en la instalación que terminó siniestrada con decenas de personas dentro.
Sobre Juan Carlos M., expusieron los argumentos de Chávez, esta obligación deriva de su cargo como responsable de la Unidad Interna de Protección Civil, mientras que de Eduardo A. M., dijo, debía tener protocolos, saber dónde estaba la llave, vigilar la suficiencia de agua, comida y enseres de aseo.
El juez también dijo que se habla de que había extintores pero que no se encontraron, y que el dictamen reveló que estaban bloqueados y más altos de lo que marca la norma.
“Pedir que les den agua de la llave no es suministrar recursos materiales”, dijo el juez, en alusión a un testimonio que señala que esto habría ordenado A. M.
La acusación de FGR y validada ayer por el juez en grado de probable indica que las omisiones de los imputados, como la falta de agua para beber, de alimentos suficientes y de enseres de aseo condujeron al motín y al inicio de la ignición –atribuida ésta a otro acusado, de nacionalidad venezolana y quien estaba detenido.
El juez también hizo énfasis en la evidencia de falta de protocolos de protección civil, debido a que, ante el incendio, “pareciera que nadie sabía qué hacer; todo mundo corría de un lado a otro tratando de buscar las llaves”.
En ese contexto, Chávez mencionó también que, desde el incendio en la estación de Tabasco –Tenosique, en 2020- se habían girado oficios en el INM para evitar el consumo de tabaco y presencia de cerillos y encendedores.
“La reacción del personal fue deficiente e ineficaz, ya que las protestas fueron ignoradas”, ya que Omar dice que Abel y Alan (los tres guardias privados) dijeron que desde el inicio del turno no había agua, de lo que se enteró a Eduardo (…) quien respondió que lo del papel lo buscaran en el área de limpieza y lo del agua la sacaran de la llave, planteó el juez, con base en la información de la indagatoria hecha por FGR.
Chávez insistió en que no es posible que nadie supiera dónde estaba la llave y cuestionó “¿por qué, si estaban alojados, estaban con candado?”, además de las violaciones al artículo 68 de la Ley de Migración, que establece que la presentación de migrantes en situación irregular no deberá exceder de 36 horas a partir de su puesta a disposición.
En su turno, la defensa de Juan Carlos M. se enfocó en señalar que el acta constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil que nombra a su representado como responsable de ese órgano vigilante de la seguridad en la estancia migratoria carece de firmas, además que el acusado declaró ante preguntas que su trabajo es de rescate de migrantes en zonas de riesgo.
El juez, al pronunciarse al respecto, dijo que hay otros documentos en los que titulares del INM establecen que Juan Carlos M. tenía calidad de garante y responsable de la Unidad Interna de Protección Civil.
A la defensa de Eduardo A. M., por su parte, el juez le negó –a petición de FGR- la presentación de al menos siete pruebas que buscaba desahogar, como oficios generados el 28 de marzo –un día después del incendio- sobre la existencia de extintores y un reporte de hechos del 27.
Sobre el primero, la FGR dijo que es posterior al incendio, carece de sellos y lo firmaba el imputado, ante lo que la defensa respondió que era posterior porque había sido requerido para justificar el actuar. La FGR también se opuso a aceptar un oficio firmado por el contralmirante Salvador González Guerrero, entre otros.
Sobre un testimonio que sí fue aceptado –de un perito en criminalística que habló de los videos que vio de la estancia, citando 16 cámaras y horas en las que se repartían alimentos con vasos de agua- el juez cuestionó la credibilidad “ante el relato de partes” que escuchaban los reclamos de agua, además de que unos se comieron la comida de otros sin que hubiera quien pusiera cuidado, dijo. Lo que motivo el motín fue la falta de agua, insistió el juez.
Sobre Cecilia R. T., la FGR basó su acusación en afirmar que no había otro cargo de jefatura de departamento de Operación, Seguridad y Custodia del INM en el estado, y que por tanto le correspondían responsabilidades sobre la estancia en Juárez, lo que la defensora particular refutó con entrevistas a dos empleadas de aquella adscripción y citó documentos que indicaron que la función era sólo en Janos, lo que fue validado por el juez.
La audiencia inició a las 15:15 de ayer martes y concluyó hoy a las 3:00 horas. Con estas resoluciones, queda en cinco la cantidad de empleados del INM vinculados a proceso por la muerte de 40 personas en la estación provisional del puente Reforma.