Elementos de la Guardia Nacional del Estado de Texas, rodean con barricadas de púas la línea divisoria entre Ciudad Juárez y El Paso ante la culminación del Título 42. Sin embargo, los migrantes esperan que incrementen las citas para solicitar asilo político.
Desde hace más de una semana, autoridades estadounidenses han reforzado la frontera en diferentes puntos y se ha registrado mayor movimiento de vigilancia, principalmente en los recientes días, que esperaban una estampida de migrantes ante el cambio de las políticas migratorias.
“Se comenta que con este cambio de la eliminación del Título 42 y que entrará en vigor el título 8 habrá mayores restricciones. Sin embargo, se dice que a través de la aplicación CBP ONE habrá mayor cantidad de citas para solicitar asilo, esperamos que así sea. Se dice que las citas serán de hasta tres horas diarias”, dijo Juan Ángel Pabón, procedente de Venezuela.
A pesar de los operativos de vigilancia de la Guardia texana, hay familias completas que intentan cruzar el río que divide a ambos países e ingresar a Estados Unidos de manera ilegal. No obstante, al ver a la patrulla fronteriza se regresan a México, para esperar a ingresar de manera legal.
Otro caso es el de Jusneidi Martinez, procedente de Venezuela, quien declaró que sus expectativas son esperar el tiempo que sea necesario para cruzar a Estados Unidos con cita de CBP One.
“Dicen que mejorará la aplicación, vengo con mi hijo de seis años y el tiempo que he estado aquí en Juárez el trato que he recibido de la gente no ha sido fácil”, explicó.
La implementación del llamado Título 42 fue una restricción fronteriza de salud pública que empezó operar desde la pandemia de covid-19 y terminó este jueves. Esta norma permitió a las autoridades rechazar rápidamente a los indocumentados en las fronteras de Estados Unidos, con la justificación de evitar la propagación del coronavirus.
Eso cambió este jueves a media noche, cuando la emergencia de salud pública y el Título 42 culminaron y entro en vigor el Título 8.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enfatizó repetidamente durante los últimos meses que los migrantes detenidos bajo la autoridad del Título 8 pueden enfrentar un proceso de deportación rápida, conocido como “expulsión acelerada”, y una prohibición de reingreso durante al menos cinco años. Aquellos que hagan intentos posteriores de ingresar a Estados Unidos podrían enfrentar un proceso penal, según el DHS.