La empresa concesionaria que construyó el Libramiento Oriente, que conecta el poblado de Samalayuca con el municipio de Guadalupe, aseguró que dicha vía potenciará el comercio con los socios de México en América del Norte y que su operación inicia en un momento estratégico, dada la reubicación de inversiones conocida como “nearshoring”.
La empresa Coconal S.A.P.I. de C.V. expuso, en respuesta a una solicitud de información hecha por este medio, que la obra abarca 31 kilómetros de vía en la que se invirtieron cerca de 3 mil 900 millones de pesos con el apoyo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Dado que se trató de una concesión hecha por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Coconal llevará la operación de dicha carretera hasta 2052, detalló en su respuesta. Transcurrido ese tiempo, la obra será entregada al Gobierno federal, añadió.
Operación de vía SamalayucaTornillo potenciará comercio internacional en un momento estratégico por ‘nearshoring’, afirman
“A la fecha hemos entregado 437.5 millones de metros cúbicos (Mm3) de este ciclo, en dos años y medio, lo cual implica que traemos un atraso de 582.5 millones (…) Más del 50 por ciento”, dijo Luévano.
“Ya cualquier atraso por encima de un año de entregas es complicado, y por eso estamos viendo qué opciones tenemos, porque lo que se busca es evitar que el país llegue, que se ponga en una situación de riesgo, de cerrar un ciclo con un faltante que pueda ser inmanejable; con esta tendencia estaríamos llegando prácticamente con un faltante de mil 600 millones al cierre del ciclo”, agregó.
El funcionario explicó que entre los riesgos está incluso la generación de una disputa como la registrada en 2020, cuando agricultores del Distrito de Riego 005 (en la zona sur de Chihuahua) se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional que resguardaban la presa La Boquilla.
“Se puede repetir, evidentemente se puede repetir, y es lo que buscamos evitar, ¿cómo? Identificando nuevas opciones para tener más agua, tecnificación, proyectos de conservación de agua, de nuevas fuentes”, dijo.
“Nos pone en ese riesgo, (de que en 2025) tengamos que estar cubriendo y ver de dónde sacamos agua. Por eso la meta de tener un acta de CILA que nos ayude a identificar esas opciones, nos ayude a atenuar esa situación de riesgo”, agregó.
Luévano fue entrevistado también sobre la exigencia del Gobierno de Tamaulipas, que en mayo difundió un comunicado señalando que “insistió en solicitar al Gobierno federal que se liberen los volúmenes de agua de las presas de Chihuahua que pertenecen a la cuenca del río Bravo, esto para mitigar la crisis de sequía que viven agricultores y usuarios domésticos” en aquella entidad del noreste.
Al respecto, Luévano dijo que las administraciones públicas de aquel estado “históricamente” reclaman los tres tercios del afluente del Bravo que le quedan a México después del pago del acuerdo, pero que es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinar cómo se distribuirá este recurso.
“Explico un poquito cómo opera el tratado y por qué hay una interpretación, no quiero decir que errónea por parte de Tamaulipas, pero digamos que es una interpretación amplia y libre: el tratado establece que nosotros tenemos que entregarle a Estados Unidos (…) un tercio de seis afluentes mexicanos, y que ese tercio no será menor de los 431.7 Mm3 al año, pero contabilizados en ciclos de cinco años”, dijo el funcionario.
“Entonces, si partimos de esa base, de que los tributarios tienen que aportar los 431.7, Tamaulipas asume ‘ok, si el tercio son 431.7, por lo tanto 862 le corresponden a México, los otros dos tercios, y esos dos tercios, son míos’, es lo que ellos dicen (…) Así lo están ellos asumiendo. Históricamente, esto no es nuevo (…) y de alguna manera, quien determina si sí o no es la Conagua”, agregó.