El fiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno aseguró que el gobierno de María Eugenia Campos Galván no hizo ninguna propuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador o al Gobierno Federal respecto a entregar los cuerpos de los sacerdotes jesuitas asesinados por el líder criminal José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco” a cambio de que las fuerzas militares abandonaran territorio chihuahuense.
Lo anterior, luego de que el presidente de la República manifestó este viernes en su conferencia mañanera que el Gobierno de Chihuahua pidió la salida del Ejército de la Sierra Tarahumara a cambio de entregar los cuerpos sin vida de los jesuitas.
César Jáuregui dijo que una petición de esa naturaleza hubiera trascendido de manera inmediata y no 9 meses despues de los hechos ocurridos en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique y aseguró que, por el contrario, era de gran interés para el Gobierno de Chihuahua el contar con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Asimismo, explicó que al momento en que se recuperaron los cuerpos de los sacerdotes asesinados el pasado 20 de junio, se hizo pública la información y se convocó a una mesa de seguridad con presencia de las distintas corporaciones federales.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) consideró que el presidente está mal informado en torno al caso Cerocahui, sin embargo, compartió las declaraciones de López Obrador respecto a que “El Chueco” fue un líder criminal, de los principales operadores del grupo de Los Salazar, que operó para el crimen organizado por lo menos durante 10 años y pese a su corta edad pues al momento de ser abatido iba tenía alrededor de 30 años.
De igual manera, dijo que en octubre del 2018 “El Chueco” fue señalado por la muerte de Patrick Braxton-Andrew, un turista estadounidense encontrado sin vida en Urique, así como por el asesinato del activista Cruz Soto Caraveo y durante esos años operó prácticamente en absoluta impunidad.
No obstante, el fiscal aseveró que la actual administración que inició funciones el 08 de septiembre del 2021 se dio a la tarea de dar con dicho líder criminal y capturarlo, prueba de ello un importante operativo que se implementó dos meses antes de los hechos en Cerocahui en colaboración con la Marina, con datos de inteligencia tanto estatales como federales.
En el operativo, señaló que si bien no se pudo aprehender a “El Chueco”, se le aseguraron 81 armas de fuego, de las cuales 67 eran de grueso calibre, así como 450 kilos de goma de opio que en conjunto, tienen un valor superior a los 60 millones de pesos.
Agregó que la presencia de fuerzas estatales y federales no se redujo tras los hechos de Cerocahui, tampoco los operativos para lograr su captura, lo que generó la caída de al menos 31 delincuentes y que no se volviera a presentar un solo hecho delictivo vinculado al grupo de “El Chueco”.