El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, rechazó pedir la destitución del director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una investigación en su contra por la muerte de 40 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez.
En una conferencia ofrecida por el grupo parlamentario en el Congreso de Morena, partido al que pertenece, el secretario de Gobernación se alineó con López Obrador, quien horas antes, en su rueda de prensa diaria, dijo que “va a esperar” a que avance la investigación para decidir sobre el futuro de Garduño.
“Y el presidente informó hoy por la mañana que en tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o que lo sujete a un proceso, bueno, él va a esperar el resultado de esas investigaciones”, insistió el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), a la vez que instó a que se guarde “la secrecía de la investigación”.
No obstante, aseguró que esta misma mañana tuvo comunicación con Garduño, quien le compartió un reporte acerca de la situación en Ciudad Juárez (Chihuahua) “como hace todas las mañanas”.
Cuestionado también por las medidas tomadas por el Ejecutivo tras el incendio que acabó con la vida de 40 migrantes en el centro de detención del INM, López se limitó a decir que la responsable de comunicar ese tipo de cosas es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
“No puedo yo decirle porque, le repito, la voz autorizada es la secretaria“, se excusó.
Sus declaraciones se producen después de que la FGR anunció que “procederá penalmente” en contra del director del INM, institución que depende de la Segob, por el incendio.
La FGR acusó a Garduño y a otro alto funcionario del INM de “incurrir en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
También explicó que en, el actuar de los directivos del INM, ha identificado “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Tras el suceso en el que murieron 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, el Gobierno de El Salvador lo calificó como un “crimen de Estado”.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.