Asociaciones estadounidenses de empresas del sector energético urgieron al gobierno del presidente Joe Biden a actuar para garantizar que México cumpla sus obligaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), pues no aprecian disposición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender las preocupaciones sobre algunas de sus políticas en materia de energía.
“En nuestra opinión, el Gobierno de México no se ha involucrado constructivamente en el proceso de consulta con los Estados Unidos, ni ha tomado medidas significativas para abordar los problemas planteados por los Estados Unidos”, dijeron el viernes el Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por su sigla en inglés), la Asociación Estadounidense de Energía Limpia (ACP) y la Asociación Nacional de Empresas de Manufactura (NAM), en una misiva conjunta dirigida a Katherine Tai, titular de la Oficina de la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés).
La carta llega a casi ocho meses de que Washington activara —bajo las reglas del T-MEC— un procedimiento de consultas con México ante la inconformidad por algunos aspectos de la política energética del actual gobierno de México.
Se trata de la primera fase del mecanismo de solución de controversias del T-MEC y constituye un proceso no contencioso que, de no generar un resultado satisfactorio para ambas partes, puede ser el paso previo para entablar un panel arbitral bajo el Capítulo 31 del acuerdo.
“Nuestras organizaciones instan respetuosamente a que la administración de Biden continúe haciendo responsable a México mediante el uso de todas las herramientas disponibles para hacer cumplir el T-MEC”, dijeron las asociaciones.
Las inconformidades estadounidenses versan sobre políticas gubernamentales que consideran sesgadas hacia las empresas estatales de energía mexicanas (Petróleos Mexicanos, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, CFE) y discriminatorias de las empresas privadas.
Entre estas figura el cambio de reglas en materia de despacho eléctrico para dar prioridad a la energía generada por la CFE, el condicionamiento para el uso de ductos de gas natural a la compra de la molécula a la CFE o a Pemex o el atraso en el trámite de permisos a privados para actividades de energía.
“La creciente implementación de políticas discriminatorias por parte del Gobierno de México favorece dramáticamente a las empresas estatales de servicios públicos de electricidad y de petróleo y gas de México, obstaculizando la inversión del sector privado, amenazando a las empresas en los Estados Unidos y a sus trabajadores, y socavando la integración energética de América del Norte y nuestra competitividad regional frente a China y otros rivales”, se lee en la misiva.
México ve avances
En enero pasado, Raquel Buenrostro dijo a El Economista, que el gobierno de México estaba avanzando en las pláticas con sus contrapartes de Estados Unidos y de Canadá —que se unió a los reclamos de Washington— para evitar la interposición de un panel arbitral.
Afirmó que las nuevas reglas de despacho eléctrico no debían ser una preocupación ya que la legislación que les daba sustento se encontraba suspendida por el poder judicial (ante los numerosos juicios de amparo interpuestos).
Además, comentó que la CFE se había comprometido a realizar inversiones para robustecer el sistema nacional de transmisión eléctrica (con lo que se daría mayor cabida a la energía limpia generada por privados) y, finalmente, afirmó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se había rezagado en los trámites de permisos debido a la pandemia de Covid-19, pero que la situación estaba en proceso de revertirse.
En opinión de la funcionaria, estas acciones por parte del Estado mexicano constituirían la clave para conjurar un litigio comercial contra México.
Preocupaciones, siguen
Sin embargo, las empresas estadounidenses dejaron ver que sus quejas continúan vigentes. Expresaron su preocupación por los costos impuestos por las políticas mexicanas que, además, “dificultan el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad a largo plazo en México, al mismo tiempo que ralentizan el despliegue de energía renovable en México”.
“Parece que la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no cambiará el curso de la política energética de su país sin una presión continua, directa y contundente del gobierno de los Estados Unidos”, se lee en la carta dirigida a la USTR.
“Nuestras organizaciones aprecian el enfoque continuo de su administración (del presidente Biden) en estas preocupaciones energéticas críticas, y esperamos continuar trabajando con usted para garantizar que México se adhiera a la letra y el espíritu del T-MEC en estos y otros desafíos comerciales en México”, finalizaron.