Texas es la zona cero del operativo caza migrantes que a partir del 20 de enero se extenderá a todo Estados Unidos, ahora que Donald Trump tiene en la mira a millones de migrantes sin documentos.
Aquí, hasta las organizaciones pro migrantes son acosadas legalmente por el fiscal general, con tal de evitar que fluya el apoyo a través de donaciones.
En el estado gobernado por el republicano Greg Abbott, conocido por su postura antimigrante, no sólo hay cientos de elementos de la Guardia Nacional, fuerzas del orden estatal y hasta de Florida que llegaron hace meses; también se han colocado boyas y alambres con púas, dispuestos para resguardar la frontera a lo largo del río bravo y hacia el desierto texano.
Los esfuerzos del gobernador aliado trumpista, por reforzar la seguridad en Texas, han representado un costo de 4 mil 500 millones dólares desde 2021, cuando se puso en marcha el Operativo Lone Star: todo, con tal de frenar “la invasión” migrante.
Texas es el ejemplo de lo que Donald Trump quiere implementar a nivel nacional. Enviar soldados a la frontera, deportar migrantes, construir centros detención y seguir con la construcción y el reforzamiento del muro.
Este estado, es la mayor frontera con México y aquí, paradójicamente viven 7.9 de los 38.5 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos; la mayoría de ellos, votantes por Trump, pues en el estado de la estrella solitaria, el republicano arrasó en noviembre pasado.
En Texas, el endurecimiento de las políticas antimigrantes llega al acoso legal a albergues y organizaciones defensoras de migrantes. Una de las mayores organizaciones pro migrantes que opera en la frontera texana es Caridades Católicas que dirige la hermana Norma Pimentel.
En febrero de 2023, el fiscal Ken Paxton demandó a la agrupación sin fines de lucro. Este albergue ubicado en McAllen recibe a solicitantes de asilo que ya fueron procesados por las autoridades migratorias.
A esta demanda que no prosperó, se sumaron otras agrupaciones como Casa Anunciación, señaladas por “facilitar la entrada ilegal a Estados Unidos”, así como el “contrabando de personas”.
En entrevista con MILENIO, la hermana Norma Pimentel dijo que las demandas contra organizaciones como Caridades Católicas son una medida de presión para evitar que operen los albergues en apoyo a los migrantes.
«El estado de Texas está tomando y ha tomado medidas estrictas y pensar que una respuesta como la nuestra de dar acogida y atención básica de comida y descanso es algo ilegal y que no lo debemos hacer, lo ven como que apoyamos el tráfico ilegal de personas, pero las personas que llegan a nuestro centro son personas ya procesadas por la patrulla fronteriza», asegura.
En Caridades Católicas ingresan diariamente cientos de migrantes, la mayoría familias con niños pequeños que recién salieron de los centros de detención.
Los hombres llegan con brazaletes en los tobillos y bolsas de plástico con las pocas pertenencias que logran rescatar tras su paso por el Río Bravo.
Algunos aún tienen cortadas en la piel por las púas de los alambres que lograron traspasar, después de nadar para entregarse a las autoridades migratorias que utilizan estos disuasivos para evitar que lleguen a territorio norteamericano.
Así llegaron David León de 26 años, su esposa de 22 y su pequeño de un año que huyeron de la persecución política hace siete meses de Venezuela. Vendieron su camioneta y se embarcaron en la travesía que los tuvo varados en Ecatepec, a la espera de una cita en la aplicación CBP One.
La desesperación los hizo contactar a un «pollero» que por 200 dólares por persona les pidió llegar a Matamoros y los dejó con otras 15 personas en una lancha inflable para cruzar el Río Bravo.
Después de llegar al otro lado del río se toparon con alambres de púas que sortearon con la ropa que traían como protección para no cortarse.
Pasaron tres días en detención después de entregarse a la patrulla fronteriza y fueron liberados y llevados al albergue de la hermana Pimentel donde esperaban los boletos de autobús que sus familiares en el norte de Texas les pagaron para encontrarse con ellos.
«Lo más difícil fue México, las extorsiones de la mafia y de migración. Estuve casi cinco meses esperando la cita que no llegaba y decidimos correr el riesgo. Ya estábamos cansados y nos venimos pero no fue nada fácil.
«Ahora sólo tenemos la esperanza de poder quedarnos aquí en Estados Unidos. Gracias a Dios estamos felices y tanta espera valió la pena. Queremos hacer las cosas bien y trabajar», relata el joven venezolano, sin saber que solo el 5 por ciento de las solicitudes de asilo son aceptadas por un juez.
La hermana Norma Pimentel, reconocida a nivel mundial por sus esfuerzos a favor de los migrantes, refirió que en las semanas previas al 20 de enero se ha incrementado el número de migrantes solicitantes de asilo que se entregan a la patrulla fronteriza para iniciar su proceso legal.
Aunque esta cifra ha sido considerablemente menor en los últimos años porque el estado de Texas implementó consecuencias severas para quienes ingresan de manera irregular y que de inmediato son deportados.
«Yo creo que las medidas que se van a tomar por la nueva administración van a ser de detener y deportar y no permitir que nadie entre. Eso va a ser muy estricto pero parecido a lo que sucede actualmente en Texas», dijo.
A ello se suma la amenaza de eliminar la aplicación CBP One, lo que dejaría sin opción alguna a personas que quieran solicitar asilo en un Estados Unidos que vivirá una era de endurecimiento en sus políticas migratorias.