El paro de labores se realiza en el Poder Judicial de la Federación (PJF), con exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La Jufed también exigió la instalación inmediata de una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso mexicano, con facultades amplias para celebrar los acuerdos lícitos que sean necesarios y para ejecutarlos o proveer su ejecución”.
Previamente, en su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador calificó de “ilegal” la huelga que convocaron los jueces y trabajadores judiciales contra la reforma pero minimizó sus consecuencias.
“No va a suceder nada, no pasa nada, y en lo que a nosotros corresponde: respeto absoluto a su huelga, libertad. Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar”, declaró el mandatario.
El gobernante mexicano minimizó el paro al que convocó la Jufed contra la reforma judicial que el oficialismo pretende votar en septiembre.
La iniciativa de López Obrador permitirá a partir de 2025 elegir por voto popular a jueces, magistrados y a ministros de la Suprema Corte, por lo que la Jufed argumenta que afectaría la carrera judicial y, “sin duda alguna, abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión”.
El oficialismo prevé votar la reforma constitucional del Poder Judicial en septiembre, cuando tenga la mayoría calificada, de dos tercios del Congreso, para modificar la Constitución sin obstáculos.