Mientras el gobierno del presidente Javier Milei avanza en la disolución del Estado y la economía está al borde del abismo, en la última semana se ha dedicado a desmantelar la Secretaría de Derechos Humanos despidiendo a miles de trabajadores y profesionales, insistiendo en cerrar instituciones incluyendo las que tenían a su cargo el seguimiento y defensa de la niñez desamparada y los derechos de las mujeres y su protección.
Milei optó por viajar a Brasil este fin de semana para reunirse con el ex presidente Jair Bolsonaro y participar en un cónclave de las ultraderechas, en una acción provocadora ya que se negó a estar presente en la reunión de mandatarios del Mercado Común del Sur (Mercosur) empeñado como está en destruir todo proyecto de unidad continental.
En estos momentos las Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron una campaña a nivel nacional e internacional para juntar firmas y rechazar “la embestida masiva del Poder Ejecutivo contra todos los consensos y políticas públicas construidas a lo largo de estos 40 años de democracia”.
El pasado jueves, bajo un frío polar, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, y Adolfo Pérez Esquivel encabezaron un acto en Plaza de mayo y se espera ahora la solidaridad para resguardar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que se mantienen desde hace 40 años, cuando comenzó la transición democrática.
El Ejecutivo quiere desmantelar el organismo que se conformó para la búsqueda de los niños, nacidos en cautiverio y robados a las madres, o secuestrados junto a sus padres y que fueron entregados a militares , policías o familias amigas, durante la dictadura militar (1976 -1983) que suman casi 500, de los cuales ya se han encontrado más de 150 gracias al trabajo extraordinario de las Abuelas de Plaza de Mayo.
El gobierno destruye específicamente los espacios y sitios de memoria y despidiendo a los trabajadores muchos, de ellos sobrevivientes de la dictadura más cruenta de la historia nacional.
No se renovaron los contratos a los especialistas en estas temáticas que trabajaban en la secretaría de Derechos Humanos y en aquellos que fueron Centros de Detención y Exterminio, mientras que en el ministerio de Defensa despidieron a todos los técnicos investigadores de los archivos que fueron encontrados en ese edificio, y se cerró la oficina.
También gravísima fue la medida para desactivar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
En la carta de las Abuelas se denuncia que “el Estado argentino, en su conjunto, incumple normas internacionales de rango constitucional al desfinanciar, vaciar y eliminar dependencias que atienden la problemática de los derechos humanos, y el derecho a la identidad, en particular”.
Ante esta alarmante situación se pide el apoyo internacional, que siempre se expresó en favor del extraordinario trabajo realizado para terminar con la impunidad y castigar, mediante juicios, a los imputados de crímenes de lesa humanidad.
La situación llegó a un límite. Recordando que el presidente Milei anunció en su campaña electoral que iba a autorizar la venta de órganos, “respetando” la necesidad de dinero que podían tener las personas donantes, ahora, el senador de la oficialista Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, presentó un proyecto para autorizar la venta y compra de menores, justo cuando se había logrado en el Senado aprobar por unanimidad promover la ley para imponer penas más duras a los que traficaran con niños, por el delito de sustracción y /o comercialización de menores de edad.
Esto sucede cuando la reciente desaparición del niño de cinco años Loan Danilo Peña, el pasado 13 de junio, provocó una conmoción en toda la sociedad, por las circunstancias en que esto ocurrió, en un pueblo pequeño en la provincia de Corrientes.
La intención del proyecto era, entre otras, penalizar a quien entrega y al que reciba a un menor de edad “mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.
En lo económico, el país sigue en caída estrepitosa. No han llegado inversiones y no hay dinero para pagar los intereses de la deuda externa. El dólar se disparó y también el riesgo país. Conntinúa cayendo la industria y, tres mil 500 Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) se cerraron.
El periodista de Economía Raúl de la Torre, en su columna de Página 12 sostiene que los dueños de las grandes marcas dejan el país y licencian su comercialización” Y que de acuerdo con un estudio realizado por la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires desde “que asumió Javier Milei el gobierno, el desempleo creció 32.4 por ciento y la desocupación alcanzó al menos a un millón 88 mil personas.
Esto evidencia el “deterioro significativo de las condiciones sociales de Argentina” que son “similares” al momento de la salida de la pandemia, en septiembre de 2021, señala el analista.
Según los números analizados, “la relación entre empleo e ingreso revela que en la Argentina actual el trabajo no supone la inmediata mejora de las condiciones materiales de las personas”.
El estudio también reveló que el 35 por ciento de las personas con trabajo son pobres. Bajó el consumo de leche en un 17.56 por ciento y la carne el seis por ciento en los últimos días.
La venta de electrodomésticos cayó en un 47 por ciento y el consumo de alimentos y otros servicios sigue descendiendo a más de 40 a 60 por ciento según el rubro.
En el mes de junio , la venta de automotores también cayó en un 40 por ciento y en la rama industrial hay despidos masivos, adelanto de jubilaciones, y la industria automotriz cae aceleradamente. Pero Milei continuará viajando además de Brasil a Europa.
En Casa Rosada planean acentuar el vaciamiento de la administración pública nacional cada tres meses, a medida que concluyan los contratos laborales que deben ser renovados a fin de cada trimestre y, desde el gremio, estiman que el gobierno irá por otras 6 mil cesantías en el Estado.