La Corte Interamericana de Derechos Humanos cerró este miércoles su primera jornada de audiencias sobre el sonado caso de Beatriz, una salvadoreña a la cual su país negó un aborto pese a que su vida corría peligro.
La mujer, cuyo verdadero nombre se desconoce, fue diagnosticada en 2013 con la enfermedad autoinmune lupus eritematoso sistémico. Posteriormente se le negó un aborto pese al riesgo que corría y a que el feto presentaba anencefalia, la ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación.
Beatriz murió en 2017 en un accidente de tráfico, pero la Corte dio inicio en 2022 al caso “Beatriz vs. El Salvador”, donde el aborto está prohibido bajo penas de cárcel de entre dos y ocho años. Esta es la primera vez que la Corte trata un caso vinculado a la negación del aborto.
Pero además, los tribunales salvadoreños tipifican habitualmente el aborto como homicidio agravado, lo que eleva la condena a entre 30 y 50 años de prisión.
“Lo que de verdad queremos es que otras mujeres no sufran lo que mi hermana tuvo que pasar. A futuro eso también viene a abrir un camino (…) para tener la oportunidad de que las mujeres puedan tener una oportunidad y no ser como mi hermana, que se le negó” el aborto, dijo a la AFP su hermano Humberto (nombre ficticio), de 30 años.
BEATRIZ
Originaria de la localidad de La Noria Tierra Blanca, a unos 100 kilómetros al sureste de San Salvador, Beatriz tenía 20 años cuando le confirmaron su segundo embarazo en febrero de 2013, ya diagnosticada de lupus y tras haber tenido un primer parto de riesgo.
Un mes después, los médicos vieron que el feto sufría una malformación congénita incompatible con la vida, con probabilidad de que muriera si continuaba con el embarazo.
El doctor Guillermo Antonio Ortiz, de 55 años, quien atendió a Beatriz en sus dos embarazos, afirmó a la Afp que la junta médica determinó que “sí había que hacer un aborto en ese momento (12 semanas de embarazo) para evitar que tuviera un daño en su salud o incluso pudiese morir”.
Las autoridades le negaron el aborto pese a la inviabilidad del feto. Ochenta y un días después los médicos finalmente le practicaron una cesárea. El bebé murió cinco horas después.
“Creo que le hicimos sufrir mucho y creo que tengo ese compromiso con la mamá y con la familia”, indicó Ortiz, quien declaró ante el tribunal.
En la audiencia, la madre de Beatriz, cuyo nombre se mantuvo en reserva, pidió que lo que “le pasó a Beatriz no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer”.
MANIFESTANTES
Un centenar de activistas se congregaron afuera de la Corte Interamericana, en San José, para seguir la audiencia.
“La situación de Beatriz en realidad es paradigmática porque representa la de miles de mujeres (…) a quienes no se les respeta el derecho a tener decisiones sobre su vida”, dijo a la Afp Carla Ansolini, de 36 años, docente que llegó desde Brasil.
Grandes pancartas fueron desplegadas a las afueras de la Corte mientras decenas de mujeres presenciaban la audiencia en una pantalla gigante.
“Estamos confiados en que va a ser una sentencia histórica”, afirmó Ansolini.
Del otro lado de la calle, una veintena de activistas contrarios al aborto se manifestaban en silencio con banderas celestes. Algunos rezaban en voz baja.
En San Salvador, un centenar de mujeres coparon el auditorio de la Universidad de El Salvador para seguir la audiencia vía internet. Vestían en su mayoría camisas verdes con la leyenda “Beatriz quería vivir y ser feliz”.
ABORTO EN LATINOAMÉRICA
En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y en algunos estados de México. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto.
En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.
“Estos contextos tan hostiles generan una constante criminalización. Las mujeres terminamos eligiendo entre nuestra vida o nuestra libertad”, afirmó a la Afp Rocío García, abogada de 32 años que llegó desde Argentina a San José para seguir el caso.
La audiencia continuará el jueves y es el último paso antes de que el tribunal interamericano emita su sentencia, que podría demorar seis meses.