La líder del movimiento opositor cubano Disidentes Cubanas Damas de Blanco, Berta Soler, denunció la detención de al menos 14 integrantes de ese colectivo femenino y un expreso político que las acompañaba al acudir a misa en distintos puntos del país.
Se trata del vigésimo domingo de 2023 en el que se practican detenciones de integrantes del colectivo opositor.
Una de las arrestadas fue la propia Soler, quien fue conducida por mujeres de la policía a la comisaría del municipio habanero San Miguel del Padrón, donde permaneció unas dos horas.
Antes de su liberación en las cercanías de la sede de las Damas de Blanco, a Soler le fue impuesta una multa de 30 pesos cubanos (equivalentes a 1.25 dólares), según el relato y fotos del arresto divulgadas por el expreso político Ángel Moya (su esposo) en redes sociales.
Soler denunció que en las localidades de Cárdenas, Colón y Perico, de la provincia Matanzas (oeste), fueron arrestadas 12 Damas de Blanco y dos en Banes, de la oriental Holguín, mientras que otras lograron llegar a las iglesias para asistir a la misa dominical.
Las integrantes de las Damas de Blanco han sido arrestadas casi todos los fines de semana desde que en enero de 2022 anunciaron que, como antes de la pandemia, volverían a salir a protestar a la calle y a pedir la libertad de los presos políticos, incluidos los manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas.
El movimiento de Las Damas de Blanco fue creado por un grupo de mujeres familiares de 75 disidentes y periodistas independientes detenidos y sancionados en marzo de 2003 a elevadas condenas de cárcel tras una ola de represión del Gobierno cubano conocida como la “Primavera Negra”.
Las esposas, madres y otras familiares de aquellos presos comenzaron una serie de marchas dominicales para pedir su liberación y se convirtieron en un símbolo de disidencia.
En 2005, este movimiento disidente recibió el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo.
La UE y ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional criticaron aquella oleada de arrestos, calificándolos de políticos.
Las autoridades cubanas, por su parte, alegaron que se trataba de contrarrevolucionarios que trataban de atentar contra la soberanía nacional por órdenes de Estados Unidos.