La cuestión agraria -que le ha costado varias guerras, unos quinientos mil muertos y al menos siete millones de desplazados a Colombia- vuelve al centro de la escena política del país luego de que el presidente Gustavo Petro acusó a la poderosa Federación de Ganaderos (Fedegán) de invitar a sus afiliados a reactivar los ejércitos privados que utilizó en las décadas del 80 y el 90 con el pretexto de detener la amenaza guerrillera.
“Debemos estar prevenidos y no olvidar que las Brigadas Solidarias Ganaderas deben ser el apoyo cuando eventualmente pueda haber amenazas a la propiedad privada”, le notificó a sus socios la agremiación ganadera luego de que se conociera el borrador de un decreto preparado por el Ministerio de Agricultura en el que se hace “un llamado a la movilización y a la organización campesina para impulsar la reforma agraria”.
La iniciativa gubernamental plantea la creación de “comités municipales, espacios para la participación, concertación, planeación y gestión de los procesos de reforma agraria” y ordena a todas las entidades estatales del sector agrícola “la promoción de asambleas campesinas por la tierra” disponiendo de los recursos presupuestales vigentes.
Según el Ministerio de Agricultura, se trata de activar mecanismos para una redistribución de la propiedad de la tierra en Colombia, uno de los países del mundo más desiguales en esta materia, donde -por ejemplo- el 81 por ciento de la tierra productiva está en manos de apenas el uno por ciento de los propietarios y los predios de más de mil hectáreas dedican el 87 por ciento del terreno a la ganadería extensiva. “Un millón de hogares campesinos tiene menos tierra que una vaca”, resumió en días pasados una publicación especializada en temas rurales.
Tema antiguo, nuevos actores
La reaparición del asunto agrario en la agenda nacional corrió por cuenta de una multitudinaria reunión de campesinos que presidió Petro el pasado 30 de agosto, en la que entregó títulos de propiedad a labriegos víctimas de la violencia y a ex guerrilleros firmantes del acuerdo de paz de 2016.
Allí, el presidente acusó al Grupo Argos, una de las empresas más grandes del país, de haber adquirido miles de hectáreas arrebatadas a campesinos a punta de masacres, crímenes selectivos y desplazamientos masivos.
Pese a 22 fallos judiciales que le negaron a la empresa su alegato de que los predios habían sido adquiridos “de buena fé” a terceros, Argos se negó por décadas a restituir la propiedad, ante lo cual el jefe de Estado los llamó despojadores.
El jefe de Estado respondió a los señalamientos que le hacen fuerzas políticas de ultra derecha y un sector de las élites económicas: “hoy nos acusan de expropiadores pero no recuerdo que nadie dijera en algún medio de comunicación que Argos hizo una masiva expropiación de tierra a campesinos”.
El ex presidente Álvaro Uribe salió de inmediato a defender a la cementera, integrante del llamado Grupo Empresarial Antioqueño, y recordó que durante su gobierno quiso impulsar con Argos un proyecto de siembra de 40 mil hectáreas maderables “truncado por la maledicencia y el gobierno de Santos”.