Al menos 63 nicaragüenses, en su mayoría opositores y críticos con el Gobierno que preside Daniel Ortega, incluidos cuatro sacerdotes, fueron detenidos el pasado mayo acusados de delitos considerados “traición a la patria” y otros, según un informe divulgado este sábado por el denominado Monitoreo Azul y Blanco.
Del 1 al 31 de mayo pasado se registraron 63 detenciones “arbitrarias” en 13 de los 15 departamentos de Nicaragua y en las dos regiones autónomas, entre ellos estudiantes y profesionales independientes, así como cuatro sacerdotes, indicó el Monitoreo Azul y Blanco, cuyos informes son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En mayo, las autoridades nicaragüenses también procesaron judicialmente a 81 opositores y críticos, incluido parte de los 63 que fueron arrestados ese mes, según el reporte especial de violaciones a los derechos humanos de ese Monitoreo.
Del total de procesados, 53 son hombres y 28 son mujeres, puntualizó.
En total, el Monitoreo Azul y Blanco registró 228 incidentes que violan los derechos humanos ocurridos en todo el país contra 158 personas entre el 1 y 31 de mayo de 2023.
Esos incidentes están distribuidos en 81 procesos de judicialización con medida alterna, 63 detenciones “arbitrarias”, 29 de hostigamiento, 27 profesionales del derecho inhabilitados de forma definitiva del ejercicio de la abogacía, 16 amenazas, 10 con “represión” migratoria, 2 agresiones y una muerte en circunstancias no esclarecidas después de ser detenido, según el informe.
En el caso de los cuatro sacerdotes detenidos en mayo, uno fue liberado y el restó aún permanecen detenidos, de acuerdo con el Monitoreo.
La Policía de Nicaragua acusó el sábado pasado a la Iglesia católica nicaragüense de “lavar dinero” y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido.
La Policía investiga al sacerdote Jaime Montesinos, párroco de la diócesis de Matagalpa (norte), que dirige el obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”.
También investiga a otros dos sacerdotes por “asuntos administrativos” de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez, y un cuarto fue liberado.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.