El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, recurrió en medio de un juicio político en su contra a la herramienta constitucional de la “muerte cruzada”, por la que disuelve la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y adelanta las elecciones generales.
Cuando estaba a punto de llegar al ecuador de mandato presidencial, Lasso, que fue elegido presidente en las elecciones de 2021, decidió no esperarse al resultado de la votación de la moción de censura que se llevaría a cabo en la Asamblea, promovida por la oposición, que lidera el correísmo y que lo acusa de un supuesto delito de peculado (malversación).
Cuando estaba a punto de llegar al ecuador de mandato presidencial, Lasso, que fue elegido presidente en las elecciones de 2021, decidió no esperarse al resultado de la votación de la moción de censura que se llevaría a cabo en la Asamblea, promovida por la oposición, que lidera el correísmo y que lo acusa de un supuesto delito de peculado (malversación).
De esta forma, Lasso sacrifica parte de la segunda mitad de su mandato a cambio de evitar una posible destitución bajo una acusación de corrupción en unos contratos de transporte marítimo de petróleo con condiciones supuestamente perjudiciales para el Estado, como según sostiene la oposición.
A primera hora de la mañana, y a través de un mensaje a la nación, el presidente ecuatoriano anunció la “muerte cruzada” al argumentar una “grave conmoción política e interna”, producto del envite de la oposición y ante la incertidumbre de lograr los votos necesarios que le permitiesen seguir en el cargo.
“Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente, cada día se profundiza”, dijo Lasso en el inicio de su mensaje.
En su discurso, Lasso culpó a la oposición de entorpecer desde el inicio de su mandato la gobernabilidad del país, sumido en una crisis de inseguridad por parte del crimen organizado, y haber querido sacarle del poder en cuatro ocasiones.
Un día antes, el mandatario había comparecido ante el pleno de la Asamblea en la primera jornada de la fase final del juicio político para presentar su alegato de defensa, donde reiteró su inocencia y volvió a acusar a la oposición de inventarse la acusación en su contra y de querer ejecutar un “asalto institucional”.
Este miércoles, la sede de la Asamblea, donde debía proseguir el debate del juicio político, amaneció desalojada y rodeada de militares, mientras Lasso mantuvo una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país.
Las reacciones no se hicieron esperar, y mientras el expresidente Rafael Correa aseguraba que la aplicación de la muerte cruzada en medio del juicio político de censura era ilegal, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, hablaba de un “autogolpe” de Estado.
El correísmo y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), los principales promotores del juicio político contra Lasso, rechazaron que exista una grave crisis política e interna y cuestionaron la legitimidad del movimiento de Lasso, al que acusaron de usar la “muerte cruzada” para evitar una probable destitución.
En ese sentido, el PSC ya presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que en su momento autorizó que se abriera el juicio político por el delito de peculado (malversación) pero no por el de concusión, el más mediático al involucrar una supuesta trama de corrupción en empresas públicas donde aparecía el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
La asambleísta Marcela Holguín, afín al expresidente Correa, aseguró que la “muerte cruzada” es una medida extrema de un “presidente desahuciado” que “se aferra al poder” y se niega “irse a su casa” para “permitir que el Ecuador resurja”.
En cambio, el excandidato presidencial por el movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez, no vio ilegalidad en la medida tomada por Lasso al ser una “salida constitucional” que supone “un alivio a la incompetencia e indolencia de la pesadilla que representaba el presidente Lasso.
Mientras, el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) se mostró partidario de la medida y solicitó unidad para evitar que el correísmo triunfe en las próximas elecciones generales que convocará en los siguientes días el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Moreno, que al ocupar la Presidencia se distanció del correísmo luego de haber sido el vicepresidente de Correa, pidió que no se repita lo ocurrido en febrero, cuando en la cita electoral del 5 de febrero el Gobierno perdió el referéndum planteado para aplicar reformas a la Constitución y Revolución Ciudadana, el partido de Correa, fue el triunfador de las elecciones locales.
Ese resultado dejó a Lasso en su momento más débil en sus casi dos años de mandato, y fue aprovechado por la oposición para lanzar el juicio político.
Si bien se celebrarán elecciones generales en un plazo de unos seis meses, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuyo brazo político es Pachakutik, decidirá si sale a las calles a protestar contra la “muerte cruzada” como había anticipado si se daba este escenario.
Ante esas posibles protestas, el ministro del Interior, Juan Zapata, advirtió este miércoles que la Policía sólo actuará “si el orden constituido se viera afectado” y opinó que los ecuatorianos deberían acatar la disposición al ser una medida amparada en la Constitución y expedida por una autoridad legítima.