El derechista Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox sellaron un polémico acuerdo para asumir el gobierno autonómico en Extremadura, una región que históricamente ha sido gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y que ahora pasará por primera vez a manos conservadoras. El pacto supone además un avance en el control institucional de Vox, una formación que defiende ideas xenófobas, racistas, homófobas y que niega la existencia de la violencia de género y del cambio climático.
La mancha de la extrema derecha crece sin tregua en España. En esta ocasión, es la región de Extremadura la que tendrá un gobierno de coalición entre el PP y Vox, que estará presidido por María Guardiola, del PP, quien precisamente hace sólo una semana se había negado a negociar con Vox al considerarlo un partido que “deshumaniza a la migración y que es capaz de tirar a la basura la bandera del movimiento LGTBI”. Pero finalmente, Guardiola cedió a las presiones de su propio partido y de los medios conservadores y selló una alianza en la cedió una consejería al partido de extrema derecha, la de ganadería y medio rural.
Esta alianza es fruto de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, en las que la derecha del PP logró una victoria aplastante sobre las fuerzas de izquierda y en las que se confirmó la desaparición de la formación de izquierdas Unidas Podemos (UP) en algunas regiones estratégicas del país, como Madrid y Valencia. A raíz de estos comicios se forjaron además alianzas de gobierno o parlamentarias entre el PP y Vox en otras autonomías, como la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Aragón y en ciudades tan importantes como Valencia, Sevilla, Córdoba, Granada, Badajoz, Valladolid y Salamanca, entre otras.
Gracias a estos acuerdos con el PP, la extrema derecha de Vox logra el mayor poder institucional de su corta historia, con el control de varias presidencias de Parlamentos regionales (el de las Islas Baleares, el de Aragón y el de Valencia), además de tener vicepresencias y consejeras en varias autonomías, como Extremadura y Castilla y León.
Estos pactos entre la derecha tradicional española con Vox ha sido motivo de debate de la campaña electoral de cara a los comicios generales del próximo 23 de julio, que el actual presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, decidió convocar de forma prematura ante el batacazo de su partido en las elecciones del 28 de mayo. Uno de los motivos de crispación y enconamiento del debate política ha sido precisamente el mensaje homófobo de Vox, que incluso llegó a desplegar una inmensa pancarta en el centro de Madrid en la que aparecía una bandera del movimiento LGTBI tirándola a la basura, precisamente en medio de las celebraciones por el Día del Orgullo, que es una celebración internacional y que en Madrid es una de las fiestas más multitudinarias del mundo. De hecho, tanto los líderes de la izquierda como incluso el PP enarbolaron la bandera del arcoíris en respuesta al mensaje de odio propagado por Vox y sus principales dirigentes.