Al menos 65 nicaragüenses, en su mayoría opositores y críticos con el Gobierno que preside Daniel Ortega, han sido detenidos en Nicaragua por la Policía Nacional en lo que va de mayo, según un informe divulgado este sábado por el denominado Monitoreo Azul y Blanco.
Del 1 al 16 de mayo pasado se han dado 181 incidentes relacionados a violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, incluido 65 detenciones exprés, detalló el Monitoreo Azul y Blanco, cuyos reportes son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De los 181 incidentes relacionados a violaciones de los derechos humanos, 80 son procesos de judicializaciones “arbitrarias”, 65 detenciones “exprés”, 19 hostigamientos, 11 amenazas y 6 allanamientos, precisó el Monitoreo Azul y Blanco, que también reportó un incremento de la “represión” en Nicaragua.
Al menos 57 nicaragüenses fueron detenidos el 3 de mayo pasado en una redada nocturna realizada por la Policía Nacional en diferentes municipios de Nicaragua, incluidos dos periodistas, campesinos, activistas de DD.HH. y maestros, según ese observatorio.
Horas después de haber sido detenidos y acusados de delitos considerados “traición a la patria”, la mayoría fueron enviados a sus casas con medida cautelar, en la que deben firmar periódicamente en las delegaciones policiales o judiciales de su municipalidad.
Según ese Mecanismo, hay al menos 47 “presos políticos” en Nicaragua, que actualizó la cifra, luego de informar que eran 46.
Entre los 47 opositores o críticos de Ortega que todavía guardan prisión se encuentra monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, quien fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”.
También el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión local, la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, y el dirigente estudiantil Jasson Salazar.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.