Todos los años cada tercer domingo del mes de junio se celebra el Día del Padre en México, a pesar de ser una fecha especial en la que se festeja a los padres responsables, amorosos y que cumplen con todo lo que una figura paterna debe brindarle a sus hijos, existe una gran parte de la población también utiliza la fecha para recordar aquellos padres que son todo lo contrario.
A pesar de que no existe un registro oficial de la personas que se encuentran en esa situación en el país, se estima que hay un total de 35 millones de deudores alimentarios morosos, de acuerdo con información proporcionada por organizaciones civiles como la Red Nacional de Deudores Alimentarios.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 13.4 millones de mujeres mexicanas, es decir casi el 35% de este sector, sufre violencia económica. De acuerdo con la institución, al menos 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión, lo que se traduce al 75% de los casos que se encuentran en el territorio mexicano.
Asimismo, más del 67% de las más de 4 millones de madres solteras se enfrentan a la evasión de sus exparejas respecto a las obligaciones alimentarias. Por tal motivo, mujeres integrantes del Frente Nacional contra Deudores Alimentarios emprendieron acciones con el fin de exhibir a padres de familia que no pagan la pensión de sus hijos o que no los reconocen.
Actualmente son tan reconocidos dichos casos que durante los últimos días de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la llamada Ley 3 de 3 contra agresores de mujeres y deudores del pago de pensiones alimentarias, la cual impide a personas que se encuentren en dicha situación ocupar cargos públicos y de elección popular.
Es decir, que en esos casos la persona interesada no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, no podrá ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, de acuerdo con la información compartida por la Cámara de Diputados.
Dicha ley entró en vigor desde los primeros días de junio del presente año y estableció la suspensión de derechos a los violentadores de mujeres y deudores alimentarios. La legislación aplicará a cualquier persona que cuente con una sentencia firme por la comisión intencional de “delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, la violencia familiar, la violencia familiar equiparada o doméstica, la violación a la intimidad sexual, o la violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades”.
Ante ello, en el Senado de la República a finales de marzo de 2023 se aprobó por unanimidad la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, mismo que será de carácter público y que abarcará múltiples limitantes para las personas que sean registradas.
Este proyecto derivó de una serie de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual buscará garantizar que personas deudoras de manutención cumplan con sus obligaciones y al mismo tiempo los menores de edad puedan gozar de la pensión alimentaria.
La minuta fue aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado desde 2019; sin embargo, fue congelada por cuatro años hasta que la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, la rescató nuevamente.
Por tal motivo, fue aceptada por las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera el pasado 22 de febrero y pasada al Pleno el pasado miércoles 22 de marzo, donde fue finalmente aprobada.
Las cifras de los padres solteros en México
De acuerdo con estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), datos relacionados con el Censo de Población y Vivienda de 2020, dentro del territorio mexicano existen 21.2 millones de hombres que son padres, de ese porcentaje el 93.5% mencionaron estar casados o en unión libre, el 5.9% están separados y únicamente el 0.5% son padres solteros.
A pesar de que se trata de un porcentaje mínimo en comparación de las cifras de madres solteras, los padres que se dedican solamente al cuidado de sus hijos se enfrentan a una discriminación y rezago en diversos ámbitos, ya que muchos de ellos son excluidos de apoyos sociales al no ser reconocidos como un grupo vulnerable dentro de la sociedad.
Motivo por el cual se le considera como un acto de discriminación hacia los hombres que crían a sus hijos solos, pues la falta de acceso a los programas sociales y apoyos económicos para sostener a sus hijos. Asimismo, las leyes cuentan con múltiples estigmas sociales respecto al tema de padres solteros, ya que se considera que el hombre no puede cumplir con ese rol como normalmente lo haría una mujer.
En ese sentido es importante tener en cuenta el labor de los hombres que se encargan de los labores del hogar y de la crianza de los hijos por su propia cuenta, pues además se comprometen a sacar adelante un hogar.
Siguiendo la línea, una de las principales características con mayor vínculo entre las condiciones del hogar de origen y la trayectoria de los hijos son los logros educativos. Para 2020, la estructura por nivel de escolaridad de los padres identificados en la vivienda era sumamente desigual, ya que que 4.5% indicó no contar con nivel escolar alguno, el 55.8% mencionó tener estudios a nivel básico, el 20.8 % estudios a nivel medio superior y solamente el 18.8 % alcanzó estudios a nivel superior.
De tal forma que en 2020 los censos arrojaron que de ese porcentaje el 86.9% pertenecía al sector de la Población Económicamente Activa (PEA), ese sector se identificaba por tener más de 15 años, mismos que fueron catalogados como padres en la vivienda en la habitaban. De ellos, el 97.4% se encontraban ocupados en alguna actividad económica, mientras que 2.3% había buscado trabajo.
Del total de padres que eran trabajadores asalariados, el 64.3% recibía algún tipo de prestación y el 35.6% no, el 60.4% recibía aguinaldo, 55% tenía servicio médico, a 53.7% le daban vacaciones con goce de sueldo. Mientras que la mitad de los padres asalariados (50.2%) tenía AFORE o SAR y 48.9% contaba con licencia con goce de sueldo. 47.4% tenía acceso a crédito para la vivienda y 38.1% recibía reparto de utilidades.