A través de una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal reprocharon lo que llamaron ilegal protección
a una evasión fiscal de 35 mil millones de pesos del Grupo Salinas.
El mensaje fue elaborado por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo difundió en parte en su conferencia del ayer.
Sin mencionar el nombre del grupo empresarial, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, la carta considera injustificada la dilación para resolver amparos promovidos por el corporativo.
Ese retraso constituye una acción de ilegal protección a las conductas de defraudación fiscal de aquellos que reiterada y obcecadamente han faltado a sus obligaciones contributivas
, señala el documento.
Según la carta, el área que atiende los casos, a cargo de la propia ministra presidenta, ha sido omisa
para resolver los amparos en revisión 5654/2024 y 6321/2024, que fueron recibidos en la SCJN los pasados 4 y 12 de julio.
Más adelante, señala que esos recursos se relacionan con créditos fiscales por omisiones en los ejercicios 2008 y 2013, sobre los que han transcurrido más de 16 y 11 años en litigio, respectivamente.
Ambos asuntos ya transitaron por todas las instancias legales, que incluyen resoluciones en tribunales colegiados de circuito a favor del Estado, por más de 35 mil millones de pesos.
Al criticar la actuación de Piña en este caso, Gobernación y la Consejería subrayan que, con su actitud dilatoria, la Corte impide a la Federación acceder a recursos a los que tiene derecho, por un indebido abuso de los aletargados procesos de los órganos encargados de impartir justicia, cuando por mandato constitucional debe ser prontos y expeditos
.
Intrincado andamiaje
El documento responsabiliza a Piña de cobijar la evasión fiscal, porque los promotores de los juicios se amparan en el intrincado andamiaje y actuar del Poder Judicial de la Federación y es violatorio del artículo 17 constitucional
.
Recuerda la carta que estos casos ya los había tratado un ministro (Luis María Aguilar, al que no menciona), quien demoró más de ocho meses para presentar su proyecto de resolución.
Al final, la Corte remitió los casos al tribunal colegiado de origen, por encontrar que no reunían los requisitos para que fueran considerados por la máxima instancia.
López Obrador dijo que aún no hay certeza de que le corresponda ejercer los fondos que puedan recuperarse, en el caso de que se liquiden los impuestos adeudados, pero sugirió que cuando se concrete el pago, puede abrirse una consulta sobre qué destino dar al dinero.
Apuntó que pueden ampliarse los apoyos a personas con discapacidad o financiar un mayor subsidio en el consumo de energía eléctrica.
El presidente expuso de nuevo el cuadro de 10 juicios que en conjunto involucran una evasión fiscal por 129 mil millones de pesos y cuya resolución está lejos de alcanzarse. Dijo que hay una deliberada e injustificada dilación en la programación de audiencias por parte de los juzgados que tienen a su cargo esos asuntos.