La agencia antinarcóticos federal de Estados Unidos, la DEA, emitió un informe de evaluación de sus actividades y retos internacionales, incluyendo “incidentes criminales” entre sus propias filas, en donde afirma que sus principal objetivo actual a nivel mundial es el desmantelamiento de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que operan en más de 40 países.
Al emitir el informe evaluando sus actividades internacionales realizadas por sus 93 oficinas en el extranjero – incluyendo 11 en Mexico – la administradora de la DEA Anne Milgram destaco que “los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están operando en mas de 40 países y traficando fentanilo y metanfetaminas que están causando daños catastróficos en comunidades a través de Estados Unidos”, y enfatizó que “las operaciones internacionales de la DEA son críticas para derrotar esta amenaza” ya que en este momento la misión de la agencia “nunca ha sido más importante”.
El informe destaca que en septiembre de 2022 la DEA estableció “Equipos Contra-amenaza” enfocados en los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, lo cuales son calificados como “las dos redes criminales de crimen organizado que actualmente representan la amenaza más grave a la salud y seguridad de las comunidades estadunidenses”. El objetivo de la DEA es “degradar y desmantelar” a esos dos cárteles.
De hecho, a lo largo del informe, esos dos cárteles son usados como el ejemplo para ilustrar toda una serie de nuevas estrategias y medidas que propone la DEA para su misión internacional a nivel mundial
En esta evaluación sobre sus operaciones internacionales – la primera en sus 50 años – la DEA reitera que su prioridad internacional es el combate contra esos dos cárteles mexicanos.
De hecho, a lo largo del informe, esos dos cárteles son usados como el ejemplo para ilustrar toda una serie de nuevas estrategias y medidas que propone la DEA para su misión internacional a nivel mundial.
El informe de 50 páginas evaluando las tareas de la DEA en unos 69 países en que está presente intenta responder a una serie de incidentes alarmantes e incluso escandalosos durante los últimos años, sobre todo a partir de reportajes por la agencia AP en 2021 sobre la extensa corrupción de un agente de la DEA ahora encarcelado, que usó fondos de la agencia y pagos de cárteles para pagar por una vida de cenas de lujo, viajes y prostitutas.
En la evaluación, la DEA reconoce que en el pasado “ha habido incidentes críticos involucrando a las operaciones extranjeras de la DEA en México, Honduras, Colombia y Haití”. Agrega que algunos de esos incidentes “han involucrado corrupción, inteligencia dañada y muertes civiles”.
El caso del ex agente especial de la DEA, Jose Irizarry que llevó a la elaboración del informe sólo es abordado muy escuetamente. En 2020, Irizarry se declaró culpable de lavado de dinero y fraude al abusar de su puesto de la DEA en Miami y Colombia para robar unos 9 millones de dólares de la DEA, y aceptó pagos por los integrantes del crimen organizado. Él declaró que otros dentro de la DEA participaron en este tipo de actividades y, por lo tanto, procede una investigación.
Otro ejemplo que aborda el informe es sobre el ex comandante de la policía federal de México, Iván Reyes Arzate, quien después fue jefe de una Unidad de Inteligencia de la DEA en México, y quien se declaró culpable de acusaciones presentadas en Illinois por obstrucción de justicia y conspiración para obstruir una investigación de la DEA. En 2020, Arzate fue acusado de más cargos federales en Nueva York por conspiración de trafico de cocaína al recibir sobornos de cárteles de droga y compartir información de la DEA con ellos.
El informe reconoce que la “influencia corruptora” de cárteles, incluyendo en México, ha afectado a “mal comportamiento individual” por algunos empleados de la DEA.
Sin embargo, el informe no aborda el caso de Nicholas Palmeri, director regional de la DEA en México, quien recientemente fue expulsado discretamente de su puesto por sus contactos inapropiados con abogados de narcotrfaficantes, señala la AP, la cual primero reportó sobre ese caso este año.
La evaluación que tardó dos años concluye con 17 recomendaciones para mejorar las operaciones y coordinación dentro de la DEA y con otras agencias.